País productivo y justicia social

No es la reforma agraria, pero es un paso gigante que da el Uruguay en el camino donde se conjugan la justicia social y el país productivo.

Es, al mismo tiempo, una demostración palmaria de que se puede cambiar para revertir la tendencia aperturista; que se pueden explorar vías alternativas de crecimiento que se apartan del modelo que se nos quiso imponer como la panacea del desarrollo y que destruyó el aparato productivo y produjo una fractura social especialmente dolorosa.

Los gobiernos democráticos que se sucedieron después de la dictadura –y particularmente las administraciones de los doctores Lacalle y Batlle– apostaron fuerte al modelo LACE (liberal, aperturista, concentrador y excluyente) y resolvieron, en lo que tiene que ver con la producción de caña de azúcar, que dicho cultivo y su industrialización resultaban antieconómicos; el mercado, inexorable, lo había decretado. Paralelamente se impulsaron cultivos forestales en tierras fértiles y aptas para producir alimentos, al tiempo que tenían lugar los primeros intentos privatizadores.

Pues bien, el gobierno progresista que asumió en marzo de 2005 creyó en el modelo alternativo y apostó fuerte a recuperar el cultivo de la caña de azúcar con el doble propósito de producir el edulcorante y, al mismo tiempo, alcohol carburante. La experiencia comenzó en enero de este año y ya comenzó a dar sus frutos: con la creación de ALUR, una empresa que se rige por el derecho privado pero de la que Ancap es propietaria, se ha logrado incrementar de manera sensible el área de cultivo de la caña, se ha puesto a punto el funcionamiento del ingenio azucarero y se han procesado 17 mil toneladas de azúcar. La actividad productiva involucra a 550 trabajadores en la industria, dos mil en el área agrícola y cerca de 350 productores.

Pero el jueves pasado tuvo lugar un hecho, también inédito, pero además con un profundo significado simbólico. La empresa ALUR subarrendó casi 500 hectáreas sembradas de caña de azúcar en la zona de Bella Vista a 44 familias pertenecientes a diversas organizaciones gremiales: la Asociacion de Pequeños Productores y Asalariados Rurales de Bella Unión, la Gremial Granjera y la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, la emblemática UTAA.

Cuando han transcurrido más de cuarenta años de aquellas memorables marchas cañeras organizadas por el joven sindicato liderado por Raúl Sendic, se abre un horizonte para los «peludos». Como decimos al comienzo, no es la reforma agraria ni la expropiación de los campos de Silva y Rosas que demandaban aquellos sufridos asalariados rurales que conmovieron Montevideo a comienzos de los años sesenta, haciendo conocer las terribles condiciones en que se desarrollaba su trabajo.

Es obvio que los tiempos han cambiado y que muchas de las consignas de entonces han debido abandonarse o diferirse en espera de coyunturas más favorables. Pero ese subarriendo tiene un profundo contenido simbólico y constituye un primer paso hacia ese modelo de país con que soñamos quienes hemos militado en la izquierda desde aquella época.

Más de una vez hemos hecho referencia a los acosos de que es víctima el gobierno progresista. Acosos que provienen de la derecha y también de algunos sectores intransigentes de la propia izquierda y del movimiento sindical. Estos últimos, ganados por un «yaísmo» casi pueril, pretenden que los cambios se concreten inmediatamente, como si la realidad no existiera.

Lo ocurrido el jueves en el lejano norte debe ser visto como un signo inequívoco de que el país va por el rumbo adecuado; con pasos pequeños pero seguros que permiten recuperar la esperanza. *