Pústulas de una enfermedad

Los hechos que en vorágine implacable se han comenzado a desarrollar y a revitalizar uno a uno los fantasmas del pasado, deben hacernos reflexionar sobre las carencias de la supuesta paz lograda por la vigencia de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que determinó nada más que la impunidad para una serie de criminales responsables de acciones de «lesa humanidad».

Están reapareciendo en el marco de nuestra sociedad pústulas producto de una enfermedad nunca curada y provocada por la violencia inaudita de la dictadura. Un régimen cívico-miltar que en base a manuales importados y cumpliendo lineamientos –ahora lo sabemos bien– aconsejados en un principio por el Departamento de Estado, impulsó a nivel continental la aplicación de la receta neoliberal sumada a los argumentos geopolíticos de su lucha contra todo lo que tuviera algo que ver con los movimientos de liberación que eran asimilados, en sus estrechas miras, con los «planes siniestros de Moscú o La Habana». En su proceder, conculcaron las libertades y violaron abiertamente los derechos humanos.

Claro, con la Ley de Caducidad se pretendió echar un manto tapando todo lo ocurrido, como si el dolor de las familias por los muertos y torturados, la búsqueda de los desaparecidos y las investigaciones, como las de los asesinatos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, pudieran detenerse por vía legislativa.

La excepcionalidad que vivió nuestra sociedad por más de dos décadas, con asesinos y torturadores amparados por una norma totalmente inmoral, aunque legalmente válida pues incluso fue ratificada en un recordado pronunciamiento popular, contó además con la complicidad manifiesta de gobiernos dóciles al poder militar, como fueron los de los partidos tradicionales, que nunca hicieron jugar las normas establecidas en ese mismo engendro legal que posibilitan que se analice lo ocurrido y que, en muchos casos, se establezca la verdad.

Lo ocurrido el pasado miércoles en el marco del programa Zona Urbana, en el que se vivió un desagradable enfrentamiento entre Pedro Bordaberry y Rafael Michelini, es la aparición de una de esas pústulas de la enfermedad que no ha podido curarse en nuestra sociedad porque, por la vigencia de la Ley de Caducidad, instrumento impulsado por la derecha política, y la actitud cómplice de los llamados partidos tradicionales, en nuestro Uruguay, en los 21 años de vigencia de la democracia, no se ha podido hacer justicia y, por otra parte, los retazos de la verdad que se comienzan a conocer determinan nuevas explosiones de indignación. ¿O es que Sanguinetti, Gonzalo Aguirre y otros de los que impulsaron la caducidad creyeron que el tema quedaba resuelto definitivamente?

Lo que cabe ahora es actuar con inteligencia. Tratar de modificar la confusa mezcla de sentimientos de los que buscan la verdad y la justicia y los que están inspirados en un malsano revanchismo, que también existe. Y para ello es necesario que las Fuerzas Armadas abran sus archivos, digan lo que saben y acepten su responsabilidad en los hechos en que actuaron. Luego se sabrá qué pasará con los peores criminales de nuestra historia, con quienes han cometido lo peores crímenes, algunos de los cuales están hoy encarcelados, porque los delitos de «lesa humanidad» no están amparados por ninguna ley de caducidad.

Por otra parte, decir que quien supuestamente apretara el gatillo para asesinar a Michelini y a Gutiérrez Ruiz buscaba beneficios económicos, no inhibe a la dictadura uruguaya de su responsabilidad. Gordon y Forese no eran otra cosa que mercenarios al servicios del Ejército uruguayo, asesinos que actuaban a sus órdenes. Que además de asesinar, robaran, no exculpa a nadie de su responsabilidad.

¡Queda claro! *