Una medida gremial desmesurada e inconducente

El pasado lunes 18 dedicamos nuestro editorial central a destacar el papel de nuestra Justicia, la idoneidad técnica y moral de sus funcionarios y la importancia de contar con un sistema judicial independiente que ofrece todas las garantías.

Recordábamos algunos casos recientes en los que la Justicia se había pronunciado en consonancia con las expectativas de la opinión pública, lo que tenía la virtud de hacer que el sistema judicial recuperara la credibilidad de la sociedad. Mencionábamos concretamente el procesamiento con prisión de los primeros ocho terroristas de Estado, el de un edil colorado que había ordenado pintadas ofensivas contra el director de Rentas, y el fallo revocatorio dictado por un tribunal de Apelaciones sobre la pena que deben sufrir los empresarios de La Pasiva. Estas decisiones confirman la independencia de los magistrados, su honradez y su solvencia; y demuestran que los ciudadanos podemos confiar en nuestra Justicia. «Los jueces pueden equivocarse –decíamos– pero el sistema dispone de mecanismos y recursos que permiten enmendar los posibles yerros».

Y al final de dicho editorial, emitíamos un juicio crítico sobre la actitud del sindicato de funcionarios del Hospital Pasteur. «El reciente procesamiento de una enfermera por la muerte de un paciente como resultado de una mala maniobra provocó una respuesta a todas luces desmedida de parte del gremio respectivo. En efecto, el sindicato que nuclea a los trabajadores de dicho nosocomio viene realizando paros en reclamo de la libertad de la enfermera procesada.

Cierto es que en todo régimen democrático está garantizada la libertad de expresión y nadie puede sensatamente pretender que toda la sociedad opine lo mismo. No está prohibido criticar un fallo judicial, pero cabe preguntarse por la legitimidad de adoptar medidas de presión sobre los magistrados. Mala cosa sería que jueces y fiscales adoptaran sus resoluciones según la intensidad de los reclamos y según la fuerza que pueda ejercer un sindicato.

El auto de procesamiento ha sido apelado. Sólo resta aguardar, con calma, la decisión que adopte el tribunal de alzada».

Pues bien, ha transcurrido más de una semana desde que expusimos estas ideas, y el conflicto, lejos de finalizar, se ha exacerbado. Ultimamente, las medidas gremiales impiden el ingreso al hospital de los estudiantes de medicina, lo cual ha creado un trastorno de proporciones en el normal desarrollo de los cursos de esa facultad.

La huelga es un derecho que nadie discute y que está consagrado en nuestra Constitución. Como medida de lucha es una medida extrema que se adopta en reclamo de legítimas reivindicaciones y cuando se han agotado las vías de diálogo entre las partes en conflicto. Pero es inadmisible que se haga uso de esa herramienta con fines ajenos a un conflicto laboral. Los trabajadores del Pasteur no están exigiendo la restitución de un despedido; su lucha no tiene que ver con reclamos salariales ni con conquistas gremiales amenazadas. Nada de eso: los funcionarios de ese hospital recurren a la huelga en demanda de que el juez deje en libertad a la enfermera procesada, que no lo fue –hay que tenerlo presente– por razones políticas ni de persecución antisindical.

El Poder Judicial es independiente; no toma sus decisiones por razones coyunturales de conveniencia política sino que se ajusta estrictamente al derecho, a las normas procesales, a la Constitución y a la Ley. Los funcionarios del Pasteur parecen ignorar que los fallos judiciales no responden a la eventual presión que se pretenda ejercer; con ese criterio, los sindicatos más fuertes impondrían su punto de vista a piacere y la Justicia dejaría de basarse en el derecho para actuar bajo el imperio de la fuerza. *