Tiempo de debate

Cada vez que, por iniciativa de grupos políticos y/o de movimientos sociales, se ha promovido un recurso de referéndum contra una ley, las fuerzas políticas conservadoras han reaccionado de manera firme contra lo que consideran un uso abusivo de un mecanismo de democracia directa. Según su percepción, las consultas populares conspiran contra la democracia representativa, enlentecen las decisiones y entorpecen el normal funcionamiento institucional.

Cierto es que en las sociedades modernas la democracia directa tal como se concebía y se practicaba en la Atenas del siglo V a.c. es impracticable, y que la participación política de los ciudadanos debe en cierto modo restringirse. Claro que con este criterio, esa participación política de los ciudadanos se ha visto limitada casi exclusivamente a la emisión del voto cada cierto tiempo de modo de elegir a las autoridades de gobierno que los representan.

No obstante, entre ambos extremos –la democracia directa tal como se ejercía en el ágora ateniense y la democracia meramente electoral– puede haber grados que prevean instancias de participación ciudadana con poder decisorio; el recurso de referéndum es un mecanismo que habilita ese poder decisorio de la ciudadanía, esto es que los ciudadanos reasumen la autoridad que habían delegado en sus representantes. Ahora bien, la participación política de los individuos puede tener otras vías de expresión, otras formas de manifestarse. No sólo a través de los sindicatos o de todo otro tipo de organización social, sino también en las estructuras de base de los partidos políticos.

Un ciudadano integral no puede limitar su actividad política al acto electoral, es decir a elegir a los gobernantes; tampoco es factible –como queda dicho más arriba– que tome decisiones diarias. Pero lo que sí es posible –y deseable– es que tenga espacios de participación, de debate, de discusión y, sobre todo, que se lo informe debidamente de los propósitos del gobierno y que se lo consulte sobre decisiones trascendentes que atañen a políticas de estado.

Es así que el gobierno actual ha promovido un debate lo más abarcador posible sobre la reforma educativa. Parece innegable que un asunto tan delicado y de una proyección incuestionable sea debatido por toda la sociedad y que en ese debate se dé participación no solo a los docentes sino también al ciudadano común.

Sin embargo, hay otros asuntos de tanta importancia como el de la reforma educativa que deberían tener una mayor difusión y someterse a un debate más profundo. Nos referimos concretamente a la eventualidad de un acuerdo comercial con EEUU.

Los efectos de un tratado de esa naturaleza no pueden ser soslayados; una decisión de tanta trascendencia no puede quedar librada a un grupo de técnicos. Es preciso que la gente esté informada de todo lo concerniente a un paso que puede marcar un antes y un después en el desarrollo del país y en la vida de los uruguayos. Pero sobre todo, en razón de que se trata de un tema esencialmente polémico y que consiguientemente ha despertado críticas fundadas desde varios sectores y actores sociales y políticos.

Al respecto, es ilustrativo el documento que publicó LA REPUBLICA el pasado viernes 22, en el que un numeroso grupo de intelectuales reclama precisamente un debate profundo y a fondo sobre el punto.

Esperamos que ese llamamiento tenga eco y que se promuevan instancias de diálogo y de información minuciosa –desapasionada y objetiva– de modo que los ciudadanos tengan un panorama claro de cuáles son las ventajas y cuáles las desventajas de un acuerdo como el que se proyecta firmar con el gigante del norte. *