Fiscalía de Corte, teros y avestruces

Ante la información sobre el estancamiento político de la designación de fiscal de Corte, sentimos el deber de expresar una vez más, nuestra preocupación sobre un tema esencial para el normal funcionamiento de la Justicia en el país.

Continuar con un fiscal de Corte interino y sin venia parlamentaria –por excelente que fuere quien cumpla el rol– no es admisible, y tampoco es justo para quien deba desempeñarlo de esta forma durante años. El país tiene derecho y el gobierno la obligación de proveer definitivamente el cargo, superando la sostenida incapacidad manifiesta de construir la mayoría requerida para otorgar la venia constitucionalmente requerida, tal como lo dispone la Constitución Nacional al fijar tan alta mayoría.

El fiscal de Corte ejerce la Procuraduría General del Estado y tiene la responsabilidad organizativa y administrativa de los fiscales nacionales, incluidos los penales y sus carreras. De él depende en buena parte la organización del ejercicio de la pretensión punitiva del Estado. Del accionar sometido a la Ley y de las garantías de ejercicio de los fiscales, depende en gran medida hacer justicia. Una tarea civilizadora, que trata a diario con la libertad, el honor, la seguridad y el patrimonio, entre tantos otros derechos humanos esenciales de los habitantes de la República, a la que se suma la tarea de gestionar los derechos del Estado.

En la pasada administración, se separó de funciones por la vía de una suspensión preventiva al último fiscal de Corte designado con venia parlamentaria. En todos estos años, la función viene siendo ejercida interinamente. Los fiscales de hoy son entre otros, todos candidatos potenciales, atrapados entre la inestabilidad, la competencia y la ineficacia del poder político. Qué lejos estamos de la garantía, la protección y el respaldo imprescindible para el ejercicio sereno de funciones de esta sofisticación. Esta situación absurdamente coloidal de hoy, es insostenible. Está en juego el equilibrio en la asignación de justicia en el país, que se basa como en todo estado democrático de derecho, en tres pilares esenciales del proceso: juez, fiscal y defensor, sometidos todos a la ley, pero en lo demás independientes y protegidos en su esencial ejercicio.

El fiscal de Corte, es por definición, soporte y primera garantía de la independencia funcional de los fiscales y de la organización del sistema, más allá de la compleja situación de quienes esforzadamente vienen ejerciendo interina y precariamente la función, sin venia parlamentaria durante años. El gobierno tiene la obligación de proponer candidatos -los que le parezca- y poner sus méritos a la consideración política con mayúsculas de los partidos políticos con representación parlamentaria. Si no alcanzan los votos en el Senado para la mayoría especial requerida, es su deber avanzar en la construcción de los consensos necesarios para obtener los votos requeridos para la designación del posible candidato cualquiera fuere.

No es la primera ni será la última vez que un candidato del Poder Ejecutivo -más allá de su valía- no reúne los votos necesarios para la venia parlamentaria requerida para su designación. Siempre se ha salido construyendo las mayorías necesarias y ese es el primer deber del gobierno, que lo único que no debe hacer es enojarse, porque así debe funcionar el sistema en todas partes. La democracia requiere de la permanente construcción de mayorías y en eso consiste fundamentalmente la esencia del arte de gobernar una nación.

Esta situación de hoy, parece agravada por la mala costumbre derivada de gobernar en monopolio político de la toma de decisión, que deja al gobierno peligrosamente a solas encerrado consigo mismo, como sucede con tantas enfermedades auto-inmunes. Entre todos dejamos al país a la intemperie, al faltar capacidad de propuesta y capacidad política para acordar. Estamos asistiendo a un sostenido fracaso inexcusable del sistema político, que se origina en el gobierno de turno y rebota en todo el sistema político. Una verdadera afrenta para la imagen jurídica del Uruguay.

Aún cuando quizás no fuera la intención de nadie, se está exponiendo el prestigio de valiosos magistrados nacionales, como si absurdamente el país en todos estos años, no hubiera podido encontrar entre los fiscales nacionales o entre otros magistrados, un solo candidato válido. Si al gobierno le resulta aceptable técnicamente quien hoy está ejerciendo interinamente el cargo, propóngaselo entonces al Parlamento Nacional. Si hay otros candidatos, propóngaselos también, y abramos la discusión por lo alto como corresponde a tan alta investidura.

La Constitución nacional exige mayorías especiales, justamente para que no fuera un gobierno por sí y ante sí, quien pudiera resolver estos delicados asuntos de todos, en un cargo que tiene prevista una década de ejercicio para el designado. Este asunto debe ser definitivamente resuelto. Dejar de lanzar al vuelo, nombres de prestigiosos profesionales del derecho como posibles candidatos, con esta técnica mixta de tero y de avestruz, que nunca será un buen método para ver el horizonte, y mucho menos para fortalecer la imprescindible confianza en las instituciones en un estado democrático de derecho. *