Obstinación opositora

Desde que el entonces ministro de Educación y Cultura, doctor Leonardo Guzmán, separó del cargo e instruyó un sumario al doctor Peri Valdez, la Fiscalía de Corte se halla acéfala, con lo que se ha visto resentido de manera notoria el normal funcionamiento del sistema judicial así como la infraestructura administrativa de ese pilar insoslayable del orden institucional.

Luego de la asunción del gobierno actual y del alejamiento definitivo del ex fiscal de Corte, el nombre de la doctora Mirtha Guianze fue cobrando fuerza como el candidato más firme a ocupar la alta investidura. De reconocida solvencia profesional y moral, de intachable trayectoria, la doctora Guianze se había hecho acreedora a desempeñar el cargo. A nadie escapa la urgencia en proceder a dicho nombramiento, dado que ese jerarca tiene una serie de potestades de carácter técnico como representante del Ministerio Público en numerosas causas ante la Suprema Corte de Justicia, así como funciones administrativas previstas en la Ley Orgánica del organismo; básicamente es el organizador de la Fiscalía de Corte, que es la cabeza del sistema que aglutina a todos los fiscales del país en materias penal y civil.

Como es de suponer, la acefalía que se arrastra desde hace tanto tiempo ha causado trastornos innumerables en el funcionamiento del organismo. De allí, la urgencia en llenar el cargo cuanto antes. No obstante, como la venia del Senado –que la Constitución exige para nombrar al fiscal de Corte– requiere una mayoría especial de tres quintos, la oposición ha optado por el juego mezquino de negar sus votos. Y eso a pesar de que algunos senadores nacionalistas se mostraron dispuestos a votar favorablemente la propuesta del Ejecutivo.

¿A qué obedece la obstinada negativa de la oposición? Oficialmente, ninguno de los legisladores nacionalistas ha objetado las condiciones técnicas o morales de la doctora Guianze, y centran su argumentación en un hecho baladí: el gobierno omitió consultar a la oposición. El nacionalismo hace gala, una vez más, de un amor propio casi pueril que lo lleva a ofenderse con una frecuencia alarmante. Es la misma postura observada en mayo del año pasado, cuando el Presidente de la República sugirió una fecha límite para acordar la incorporación de figuras de esa colectividad a los directorios de los organismos estatales. La dirigencia nacionalista habló de «ultimátum» y, anteponiendo un orgullo digno de mejor causa, dio por concluidas las negociaciones. «A los blancos nadie los arrea con el poncho», es la mentalidad que se transparenta con estas actitudes.

O tal vez esté operando en el ánimo de la colectividad blanca una suerte de estrategia caprichosa e inconducente que lleva al partido a hacer jugar su poder en las únicas circunstancias posibles: aquellas en que se requieren mayorías especiales. Como blancos y colorados sumados han quedado en minoría, no tienen posibilidad de incidir en las resoluciones del Parlamento; y por ello se aferran a las únicas instancias en que sus votos sí son necesarios. Ello explica que la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas mantengan la misma integración de hace diez años, reflejo de otra realidad política, y que la Fiscalía de Corte se halle acéfala desde hace más de dos años.

Cuando prevalecen pequeños y mezquinos intereses políticos, la institucionalidad democrática se debilita. Es hora de que la oposición lo comprenda de una vez por todas. *