Confiemos en nuestra Justicia

En nuestro editorial del pasado sábado 16, hacíamos referencia a ciertos casos judiciales que en los últimos días habían despertado el interés de la ciudadanía y en los que la Justicia se había pronunciado en consonancia con las expectativas de la opinión pública mayoritaria.

Decíamos que esos casos habían tenido la virtud de hacer que el sistema judicial –uno de los pilares fundamentales del estado de derecho– recuperara la credibilidad de la sociedad.

Nuestro sistema judicial puede exhibir orgulloso dos características sobresalientes: la idoneidad profesional de sus funcionarios y su proverbial incorruptibilidad. Solvencia funcional y moral son, pues, dos aspectos que caracterizan al sistema judicial uruguayo. La prueba está en que sobran los dedos de una mano para contar los casos de corrupción o los eventuales yerros en que eventualmente han caído algunos magistrados. Y corresponde también destacar que tanto unos como otros son rápidamente detectados y corregidos; unos mediante las sanciones administrativas y penales correspondientes, y otros por medio de las instancias procesales previstas en la legislación.

Bueno es recordar que incluso durante los años de plomo del régimen cívico-militar que pisoteó las instituciones y gobernó de facto durante doce años, fue la llamada «justicia» militar la encargada de sustanciar procesos apartados del derecho y sin garantías, y no la Justicia ordinaria a la que habían sustraído su competencia en el campo de las acciones de la represión contra opositores.

Decíamos en ese editorial que el procesamiento de ocho terroristas de Estado (nombres emblemáticos y recurrentes en todos los casos más notorios de violaciones a los derechos humanos) había marcado un hito de enorme trascendencia, pero también había mostrado un sistema judicial de funcionamiento impecable, capaz de rechazar chicanas impresentables para resolver con celeridad –y sin apartarse de las normas– sobre un asunto especialmente sensible.

A este caso de resonancia impactante hay que agregar el procesamiento con prisión del edil colorado que ordenó pintadas ofensivas contra el contador Eduardo Zaidensztat, así como el fallo revocatorio dictado por un tribunal de apelaciones en cuanto a la pena que deben sufrir los empresarios de La Pasiva.

Concluíamos ese editorial con la siguiente reflexión:

«Como queda dicho al comienzo, estamos en presencia de decisiones judiciales que confirman la independencia de los magistrados, su honradez y su solvencia.

Queda demostrado, también, que los ciudadanos pueden confiar en la Justicia. Los jueces pueden equivocarse (no en vano son seres humanos), pero el sistema dispone de mecanismos y recursos que permiten enmendar los posibles yerros».

Pues bien, hay sectores que no parecen entenderlo así. El reciente procesamiento de una enfermera del Hospital Pasteur por la muerte de un paciente como resultado de una mala maniobra provocó una respuesta a todas luces desmedida de parte del gremio respectivo. En efecto, el sindicato que nuclea a los trabajadores de dicho nosocomio viene realizando paros en reclamo de la libertad de la enfermera procesada.

Cierto es que en todo régimen democrático está garantizada la libertad de expresión y nadie puede sensatamente pretender que toda la sociedad opine lo mismo. No está prohibido criticar un fallo judicial, pero cabe preguntarse por la legitimidad de adoptar medidas de presión sobre los magistrados. Mala cosa sería que jueces y fiscales adoptaran sus resoluciones según la intensidad de los reclamos y según la fuerza que pueda ejercer un sindicato.

El auto de procesamiento ha sido apelado. Sólo resta aguardar, con calma, la decisión que adopte el tribunal de alzada. *