Plan Cóndor: el gobierno se niega a informar

El anuncio formulado por el gobierno, primero por el ministro Brezzo y ahora por el presidente de la República, doctor Batlle, de no informar al fiscal argentino Miguel Angel Osorio acerca de los militares uruguayos investigados por su eventual participación en el Plan Cóndor, es de una enorme importancia.

Una especie publicada ayer dice que la decisión se fundaría en la Ley de Caducidad y en los tratados internacionales.

Una afirmación tan imprudente seguramente se acompañará de algunos «argumentos».

Habrá que esperar una composición conteniendo las argucias estatales que, sin duda, poseerán el resplandor de razonamiento del oscuro funcionario que ocupa la cartera.

Como se ha informado, el fiscal argentino Miguel Angel Osorio ha solicitado al gobierno uruguayo que se le informe acerca de la fuerza en que revistaban José Gavazzo, Jorge Silveira, Manuel Cordero y Juan Antonio Rodríguez Buratti, entre otros, durante la operaciones del Plan Cóndor y el auge de la desaparición forzada de personas de origen uruguayo en Argentina.

La negativa del gobierno de Batlle lo colocaría en abierta y palmaria contradicción con compromisos asumidos públicamente de manera muy enfática.

Poner obstáculos a las investigaciones del fiscal Osorio es estorbar el avance hacia la verdad en temas sobre los cuales el presidente Batlle se comprometió a actuar, de manera bien expresiva por cierto.

Los nombres sobre los que pide información el fiscal argentino están vinculados a la desaparición de la nuera de Juan Gelman, aparecen denunciados como los que trajeron a la joven a Uruguay, los que luego secuestraron a su hija, la nieta de Juan que ahora ha sido reencontrada.

¿No había un compromiso de Batlle de avanzar en la búsqueda de la madre de la niña reencontrada?

Los nombres de los intocables absolutos por los que pregunta el fiscal argentino aparecen también, en reiteración real, en las denuncias de Sara Méndez y de todos los sobrevivientes de Automotores Orletti, como los funcionarios militares que arrebataron al niño Simón de los brazos de su madre.

¿No había un compromiso presidencial en la búsqueda del niño desaparecido, el hijo de Sara y Mauricio?

Los hombres por los que pregunta el fiscal argentino aparecen continuamente mencionados en los testimonios que dan cuenta de la desaparición de Gerardo Gatti, Hugo Méndez, León Duarte, Jorge Zaffaroni, Alberto Mechoso, y casi una treintena más de ciudadanos uruguayos desaparecidos en la Argentina.

Los convenios internacionales suscritos por Uruguay, ¿no establecen que la desaparición forzada de personas es un delito permanente?

Si ese delito se repite cada día, hasta ayer, hasta hoy, ¿qué sentido «jurídico» tiene obstaculizar la acción de la Justicia argentina?

Se arguye que brindar información a un tribunal argentino sería «perder soberanía».

Sobre esto vale la pena transcribir algunas consideraciones publicadas en estos días por el gran jurista y fiscal español Carlos Castresana Fernández.

Analizando expresiones del presidente argentino, Fernando de la Rúa, Castresana sostiene que «el Presidente argentino dice defender el principio de territorialidad en la aplicación de la ley penal.

Dicho principio fue concebido, y así está regulado en todas las legislaciones, incluida la de Argentina, como un procedimiento de reparto entre los diferentes Estados de la competencia para perseguir los crímenes, atribuyendo prioridad –no exclusividad– a los tribunales del lugar en el que se cometió el delito. Para lo que nunca se configuró el principio de territorialidad es para lo contrario, para que la ley penal no se aplique en ninguna parte».

Finalmente, habrá que ver también, en los próximos días, en qué consiste la respuesta que el Poder Ejecutivo ha elaborado con relación a la exigencia de información sobre Elena Quinteros, ordenada por la jueza Estela Jubette.

Son dos episodios que serán decisivos para determinar la seriedad y consistencia de los propósitos anunciados por el Presidente de dar una respuesta responsable y verdadera sobre la situación de los desaparecidos.