Reconocimiento a perseguidos por la dictadura

Finalmente, el martes pasado, se aprobó en el Senado  con el voto unánime de todos los partidos políticos- el proyecto impulsado por el Gobierno que repara económicamente a las personas que fueron víctimas de persecución política y sindical durante la dictadura. Y ahora, pasará a ser considerada por la Cámara de Diputados.

Este proyecto de ley, que surge por iniciativa del Poder Ejecutivo, significa por un lado el cumplimiento de un compromiso histórico del Frente Amplio que data de 1984 y la Conapro (Comisión Nacional Programática); y por otro, implica subsanar situaciones tremendamente injustas que padecen algunos compatriotas, algunos ciudadanos como nosotros… pero cuyos derechos hasta ahora habían sido ignorados.

Se trata, en definitiva, de reconocer a esa enorme cantidad de compañeros y ciudadanos, quienes sin reparar en su propia seguridad, se atrevieron a enfrentar a la dictadura, a plantarse firmes y fuertes frente al atropello autoritario que significó; y por expresar sus ideas y defender los derechos y libertades básicas de todos, sufrieron en carne propia la represión y persecución de esos gobiernos mesiánicos, ilegales e ilegítimos.

Por tener la «osadía» de opinar, a expresarse y a soñar con un mundo diferente y más justo fueron perseguidos, detenidos, presos, y forzados a exiliarse. Perdieron años de sus vidas por haberse atrevido a luchar, y luego, en silencio y con humildad las han intentado reconstruir, sin hacer grandes demostraciones ni alharacas, sin demandar nada a nadie… cuando tendrían sobrados motivos para hacerlo.

Y por eso, quiero reconocer, también, la dignísima lucha que organizaciones sociales como Crysol, el PIT-CNT, Sedhu y la Comisión de Reencuentro; que continuamente han impulsado, promovido y hecho valiosos aportes para el rescate de la memoria de estos miles de anónimos luchadores.

Si bien en gobiernos anteriores se habían aprobado leyes que contemplaban a las personas perjudicadas por la persecución y el terrorismo de Estado; esta es la primer iniciativa que contempla la totalidad de los casos.

Efectivamente, el actual proyecto contempla también a los trabajadores de la actividad privada, que, como consecuencia de haber expresado sus ideas políticas o ejercido la actividad sindical se vieron impedidos de ejercer su legítimo derecho al trabajo; ya sea porque fueron perseguidos, destituidos, exiliados y/o presos.

Por ejemplo, hace 20 años que el Frente Amplio recibe delegaciones de Campomar que estaban pidiendo una solución para este tema. Creo que huelgan más palabras, y todos podemos comprender con ese ejemplo puntual la enorme injusticia e inequidad que desde el retorno democrático estaban viviendo varios miles de ciudadanos.

En el proyecto se establece un cómputo ficto de servicios, igual al período durante el cual la persona amparada no pudo acceder a ningún trabajo; fijándose además un monto mínimo de cuatro bases de prestaciones y servicios, que equivalen al día de hoy a $5.920.

También se establece en el mismo, la creación de una Comisión Especial integrada por todos los sectores involucrados en el tema, encargada de resolver las solicitudes de amparo, y de informar sobre la marcha de la norma. Puede parecer un dato anecdótico, pero en realidad, creo que es fundamental, ya que denota el sentido de transparencia y cristalinidad con que se piensa cumplir la ley.

Por si fuera poco, y ya dejando de lado los aspectos jurídicos del proyecto aprobado, creo que el mismo es de singular importancia también para la seguridad social. Antes que nada, porque se contemplan ciertos pilares básicos de todo régimen de seguridad social: a) protección de las personas en su vejez, frente a la invalidez, etc; b) solidaridad del resto de la sociedad para que esas necesidades individuales no se conviertan en un riesgo para el conjunto de la comunidad.

Bien sabemos que la ley no es perfecta, ni será capaz de reparar el enorme daño sufrido por quienes fueron perseguidos, encarcelados, despedidos y obligados a exiliarse por el simple hecho de pensar distinto o ser dirigentes sindicales. Es apenas una reparación económica por el tiempo en que estas personas no pudieron trabajar.

Hay cosas que  simplemente- son imposibles de reparar. El tiempo perdido, la distancia y la separación de la familia y los afectos, el daño psicológico, los padecimientos físicos y espirituales… solo por nombrar algunos. ¿Cómo cuantificarlos?, ¿Cómo medir de alguna forma mensurable cuestiones que son íntimas, que son subjetivas?. Que se inscriben, por otra parte, dentro del plano de la sensibilidad, de la moral, de la ética.

Sinceramente, no hay pensión ni monto que pueda compensar esas situaciones. Pero en la medida que mínimamente podamos ir contemplando y buscando soluciones reparatorias que desde el punto de vista económico sufrieron las víctimas del terrorismo de Estado; entonces, creo que es nuestro compromiso y nuestro deber darles vía para que se puedan procesar.

Porque este tipo de medidas, además de ser reparatorias, además de otorgar beneficios de acceso a la seguridad social, es también una ley que rescata y defiende valores esenciales en la protección y promoción de los Derechos HumanosY lo es, porque intenta dignificar en su condición humana a las personas que sufrieron el terrorismo de Estado simplemente por ejercer derechos básicos e inalienables del Ser Humano; es un reconocimiento explícito por parte del Estado democrático y del actual gobierno de los padecimientos de tantos y tantos compatriotas padecieron durante la Dictadura.

En la sociedad integrada, justa y equitativa que pretendemos alcanzar; ya no son de recibo ni podemos admitir más postergaciones y olvidos. Por tanto, nuestra tarea no culmina con esta ley, que en si misma es simplemente un instrumento más para construir el tipo de sociedad que queremos y deseamos.

La lucha prosigue, en la recuperación de la memoria colectiva y el reconocimiento de los hechos acaecidos; porque un pueblo que olvida su pasado  o intenta ignorarlo- no solo está condenado a repetirlo, si no que les deja como pesada herencia a las generaciones futuras, la tarea de afrontar y solucionar temas que le compete a la actual.

Esto es un eslabón más que estamos decididos a completar para ir armando y colocando en la historia, aquellos que tanto se jugaron e hicieron en defensa de los sublimes derechos de la libertad y de la vida en momentos tan negros de nuestra país. *