El monotemático discurso opositor
Desde que asumió el nuevo gobierno, en marzo del año pasado, la oposición se dedicó con ahínco a buscar –o a inventar– los flancos débiles de la nueva administración, de manera de proceder a un ataque sistemático, encarnizado, contra algunas figuras relevantes del elenco gubernamental.
Nada de esto debería llamar la atención ya que la esencia de la oposición política, es decir la función de los partidos que quedaron en el llano, es precisamente la de criticar al oficialismo, señalar sus errores, investigarlo.
Durante los primeros meses de gestión de las nuevas autoridades, los estrategas de los partidos de la oposición parecieron dedicarse a determinar cuáles serían los blancos predilectos de su furia opositora. Las andanadas se repitieron una y otra vez mediante llamados a sala, pedidos de informes e interpelaciones a aquellos secretarios de Estado que, según la percepción de los dirigentes opositores, ofrecían un perfil más vulnerable. Bueno es señalar que en esa batalla contaron con el nada despreciable concurso de cierta prensa que se sumó muchas veces a una campaña de desprestigio que pretendía minar la imagen y la gestión de ciertos ministros.
El caso más emblemático es sin dudas el Ministerio del Interior. La cosa empezó cuando el Ejecutivo derogó dos decretos liberticidas a cuyo amparo se cometían claros atropellos: estamos hablando del que legalizaba las razzias al habilitar a la Policía a detener a cualquier ciudadano sin motivo, y el que permitía el desalojo de empresas ocupadas por sus trabajadores.
Se acusó al doctor Díaz de desproteger a la sociedad, por un lado, y de no garantizar el derecho de propiedad, por el otro; este último aspecto está aún en discusión a la espera de una solución legislativa a la controversia.
A esto vino a sumarse la polémica Ley de Humanización del Sistema Carcelario, que contó con una férrea campaña en su contra liderada por ciertos dirigentes conservadores, cuyo discurso clamando más represión se convirtió en una cantilena irritante.
Fue a partir de entonces que la ofensiva opositora se descargó con todas sus baterías generando alarma en la población en la medida que profundizó la sensación de inseguridad que vive el ciudadano común. No vacilaron en pintar un panorama sombrío en el que la ciudad quedaría a merced de hordas de delincuentes liberados por la ley.
Sin embargo, al cabo de un año y medio de gestión, el ministerio del Interior puede exhibir, con legítimo orgullo, logros excepcionales. Tonto sería negar falencias y errores en la gestión policial; sólo quien no emprende cambios no corre el riesgo de equivocarse. Pero el balance general es altamente positivo.
Veamos. En primer lugar, la ley de descongestionamiento de cárceles no tuvo los efectos catastróficos que agoraban sus detractores: el índice de reincidentes entre los beneficiados por la norma ha resultado ínfimo respecto de la media habitual, y la seguridad de los ciudadanos no se vio disminuida por la liberación anticipada de reclusos.
Por otra parte, resulta un hecho innegable que la Policía ha mejorado notoriamente su eficiencia, tanto en tareas preventivas como represivas. Cierto es que se mantienen las carencias materiales de que adolece el instituto (salarios bajos, falta de recursos para infraestructura, etcétera) pero nadie puede negar que la Policía se ha anotado algunos éxitos de importancia en su combate al crimen. Al respecto, cabe señalar la lucha contra el flagelo de la droga, un aspecto particularmente sensible para la sociedad, en especial contra el tráfico de pasta base. Son datos auspiciosos que hablan de la eficacia de la estrategia diseñada por la Brigada Antidrogas. Nos consta que la lucha contra el flagelo no se agota en esas acciones, pero todo indica que se está en el camino correcto.
No obstante esta realidad incontrastable, la oposición mantiene su discurso monotemático, centrado ahora en la inseguridad en Punta del Este y Maldonado. Y lo que resulta indignante es que son precisamente los partidos que ahora están en el llano los responsables de la fractura social y del incremento de la delincuencia. *
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