Presos y exiliados: hacia una justa reparación

La Comisión de Asuntos Laborales y Sociales del Senado de la República se reunirá mañana en forma extraordinaria con el fin de tratar la ley de amparo a presos políticos, exiliados y clandestinos.

De aprobarse la misma, el día 5 de septiembre, en la sesión plenaria del Senado, seguirá en forma inmediata a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados para su estudio. Mas allá de todos los peros que se puedan interponer, nos deja la esperanza de que finalmente se apruebe con mano de yeso en Diputados.

Es decir, que a pesar de ser una ley acordada por legisladores de ambas cámaras, y ampliamente fundamentada por la comisión nombrada por el Frente Amplio, con una representación muy fuerte de sus dirigentes, sobre los cuales no se pueden establecer diferencias en cuanto a su aporte, ya que todo fue positivo y generoso, sigue siendo una ley muy discutida.

Esta mano de yeso expresada no hace más que marcar las contradicciones en que podemos caer en momentos difíciles, porque tiene el respaldo del mandato imperativo, y en este caso bienvenido sea.

Nobleza obliga, si bien estamos de acuerdo en que no contempla todas nuestras expectativas, y que queda una serie de planteos sin resolver, debemos estar de acuerdo en que no hay puertas cerradas que nos impidan continuar nuestro trabajo en busca de las soluciones que correspondan en cada caso.

Veamos,

a) se obtiene la causal jubilatoria que nos permite a los presos políticos ampararnos a esta ley por el solo hecho de haber vivido esa situación.

b) se logra con este paso que un montón de compañeros en situaciones verdaderamente lamentables, puedan acogerse a la misma y en cierta forma atender parte de las privaciones que sobrellevan.

c) los causahabientes, viudos, viudas, concubinos y concubinas, hijos menores de 21 años pueden acceder al cobro de la pensión estipulada, en este caso el 66% de las prestaciones otorgadas a los occisos/as.

d) aquellos compañeros que no han sido procesados pero tengan un año o más de cárcel serán estudiados por la comisión que se cree, a los efectos de establecer sus derechos.

e) los exilados y clandestinos podrán acogerse a esta ley con un máximo de 10 años de aportes, al igual que los funcionarios públicos, y no con 20 años, como se había establecido.

f) el Ministerio de Trabajo ha entregado a CRYSOL una nómina completa de todos aquellos que se presentaron para obtener el amparo de la ley 17.449, o sea un total de 2.883 compañeros.

Aparentemente, tenemos dos temas importantes resueltos, la causal y la pronta atención a los compañeros. No existe en nuestra historia ningún antecedente de esta naturaleza. Para nosotros, que hemos argumentado hasta el cansancio que los compañeros no pueden soportar más esta situación, que hemos profundizado en el país el estudio y vigencia de los derechos humanos, que hemos llegado a nuestra población con las motivaciones que deja la tortura, quienes vemos a cada paso que los compañeros desaparecidos son muchos más de los que se cuentan y ya no se pueden largar más cifras, y podríamos seguir, este es el camino. Para todo ello hemos logrado de los medios de comunicación su interés en nuestra lucha y hemos obtenido los elementos necesarios para continuar con nuestra tarea y estamos muy agradecidos.

Se nos quedan cosas muy importantes en esta encrucijada, y es así porque en la medida que vamos construyendo este proyecto, y sentando antecedentes válidos para el futuro, somos conscientes que debemos tomar decisiones que no favorecen a todos como se hubiese querido.

Quedan por el camino, aún para empezar a cruzar la puerta del diálogo, los sumergidos de siempre, el personal afectado a la enseñanza y la salud, los presos por debajo de un año de cárcel, y mejorar el perfil que se tiene de los exiliados y clandestinos para su atención que se reflejan claramente en sus planteos, los hijos de los presos, los postergados de la ley 15.783.

Las puertas están abiertas; cómo usarlas es nuestro problema. Nadie ha dicho por ahora esto no va, esto no sirve, algunas cosas sucedidas hay que tomarlas según de donde vengan, y sabemos que cuesta mucho y costará mucho lograr lo justo, lo que se pretende.

La historia dice que después de 4 o 5 leyes reparatorias o de amparo, a lo largo de la vida del país nos dejan un panorama de unidad de criterios a nivel de todos los partidos políticos sobre este tema del que se trata, pero eso sí no se puede demorar mas, una prueba de ello es su estudio y definición en sesión extraordinaria. Pero sobre todas las cosas, si no se establecen los mecanismos necesarios para su implementación total o parcial, si no se toman las medidas para el envío de quienes ya están cobrando por la ley 17.449, y de quienes tienen el certificado de la Suprema Corte de Justicia, con el estatus de procesados en forma inmediata, habrá sido inútil tanto esfuerzo, tantos ríos de tinta y de palabras gastados, tanto manoseo de la cosa, porque ya será demasiado tarde, y esto sí no lo creemos. *