Hacia la reforma del Estado

En nuestro editorial del pasado domingo 27 esbozamos algunas ideas sobre la anunciada reforma del Estado. En la reunión del lunes 28, el presidente Vázquez no dudó en referirse a dicha reforma como la «madre de todas las reformas», y expuso los conceptos principales que habrán de guiar la concreción de la idea.

Se trató de un diagnóstico general sobre la realidad actual, esto es, sobre la situación y el funcionamiento del Estado uruguayo. Y, como no podía ser de otra forma, tal diagnóstico enumera todos los males que nuestro Estado viene arrastrando desde hace varias décadas y que todos conocemos.

En primer lugar, bueno es destacar una afirmación del presidente, que explica la prioridad otorgada a la reforma del Estado: «Una cosa es verlo desde afuera, cuando éramos oposición y elaborábamos nuestro programa de gobierno, y otra luego de un año y medio de estar llevando adelante los cambios».

De donde se concluye que la propuesta de reforma del Estado contenida en el plan de gobierno del EP-FA-NM deberá sufrir las necesarias modificaciones que la adecuen a la realidad.

El doctor Vázquez ha reconocido explícitamente que el Estado uruguayo es pesado, que a veces es ineficiente y que tiene una gran burocracia.

En el editorial a que hacemos referencia decíamos lo siguiente: «No cabe ninguna duda que la actual estructura del Estado es absolutamente deficiente y negativa para los intereses nacionales. Además de onerosa: ¿cómo es posible que el fisco requiera los niveles de imposición que se tienen en Uruguay, con el fin primordial de sostener a un mounstro de mil cabezas, ineficiente e incapaz de renovarse a si mismo?».

Hay quienes creen ver en la expresión «reforma del Estado» un sinónimo de privatización. Entendemos que tal interpretación es errónea dados los antecedentes de luchas memorables en las que participó el Frente Amplio contra los intentos privatizadores de los gobiernos anteriores.

Pero esa postura clara contra las privatizaciones no debe impedirnos ver la realidad y comprender que las empresas públicas, mantenidas en la esfera estatal, nos hacen pagar a los usuarios precios desmedidos por los servicios que brindan.

«El mecanismo de incremento de las tarifas públicas sigue siendo el único recurso de ajuste de esas empresas que, por ese arbitrio, nos hacen pagar los combustibles más caros de todo el continente, un ojo de la cara por utilizar el teléfono y tarifas de Internet, sin relación con las que se manejan ni en los países vecinos ni en los del primer mundo», sosteníamos en aquel editorial.

La burocracia es otro de los males endémicos de nuestro Estado. Y al hablar de burocracia no nos referimos a un exceso de funcionarios sino más bien a las innumerables gestiones y vueltas que obstaculizan trámites sencillos y que conspiran contra la actividad productiva, contra las inversiones y contra los ciudadanos, que perciben al Estado como un enemigo.

Otro asunto de vital importancia que habrá de tenerse en cuenta cuando se proceda a analizar la reforma, es el de las asimetrías en las remuneraciones a los funcionarios.

Es ya un lugar común mencionar a ciertos organismos que se han convertido en la Cenicienta de la administración por cuanto las retribuciones que perciben sus empleados son escandalosamente bajas: el Poder Judicial, la Salud Pública, la Enseñanza, policías y militares, no han visto recompuestos sus ingresos y siguen sorteando a duras penas una situación de crisis que para ellos sigue vigente.

Paralelamente, tenemos situaciones de privilegio. Funcionarios con nivel de gerentes, que en algunas de las empresas públicas suman cientos, de dudosa eficacia funcional, que cobran como si trabajaran para empresas de países altamente desarrollados, sueldos y compensaciones que poco tienen que ver con la realidad cotidiana de la mayoría de los uruguayos. *