La titánica tarea del INAU

Desde que asumió, en marzo del año pasado, el gobierno progresista debió enfrentar la saña opositora que centró sus baterías contra los supuestos flancos más débiles del gabinete.

Es así que desde entonces, las cantilenas más recurrentes de los partidos tradicionales apuntaron, casi en exclusividad, a dos aspectos de la gestión gubernamental: la seguridad (o mejor dicho la inseguridad), y una política exterior errática.

Los ministros Díaz y Gargano se convirtieron en los blancos predilectos de los disparos opositores, que a veces se desviaron hacia la labor de la titular del Mides, Marina Arismendi.

Digamos de paso que la última doble interpelación impulsada por el líder nacionalista Jorge Larrañaga pretendió desnudar las aparentes contradicciones internas del partido de gobierno, concentrando su fuego sobre el canciller Reinaldo Gargano. Ese curioso propósito –el de dejar al descubierto las discrepancias en el gabinete ministerial– no pudo cumplirse en virtud de la monolítica posición sustentada por ambos secretarios de Estado interpelados. Lo que quedó, en definitiva, no fue sino una suerte de circo, de gimnasia dialéctica sin consecuencias políticas. Es que el instituto de la interpelación no está previsto para este tipo de pirotecnia sino para exigir explicaciones, controlar al Ejecutivo y, eventualmente, para censurar a un miembro del gabinete.

No obstante, los temas predilectos de las embestidas opositoras siguen siendo los referidos a la falta de seguridad que percibe la población. El aumento de la delincuencia, la aparición de nuevas formas delictivas, la reincidencia, la infantilización del delito, son por lejos los asuntos en los que la oposición se siente más cómoda para debilitar al gobierno. Cada episodio vinculado con motines en establecimientos de reclusión de menores infractores ha sido convenientemente aprovechado e incorporado al discurso opositor con el inocultable propósito de desprestigiar al gobierno.

El INAU ha sido objeto de severas críticas que pretenden mostrarlo como un organismo inoperante que no da suficientes garantías de seguridad a la población aterrorizada por las fugas de menores delincuentes. Al respecto, es muy ilustrativa la entrevista realizada por Antonio Pippo al director del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, Víctor Giorgi, aparecida en nuestra edición de ayer.

La situación heredada por las nuevas autoridades, situación claramente descrita por Giorgi en la entrevista de referencia, era especialmente calamitosa. Carencias de todo tipo imaginable, desde dificultades materiales múltiples (especialmente locativas) hasta carencias de personal idóneo para tareas tan delicadas, explican los enormes obstáculos que halló la actual administración para cumplir a cabalidad su función. En razón de todo ello, adquieren especial significación los logros obtenidos en poco más de un año de gestión.

Particularmente en lo que atañe a la seguridad, se ha avanzado de manera notoria aunque quede aún mucho por hacer. Se ha promovido el ingreso de personal especializado en contención, es decir nuevos funcionarios seleccionados en un llamado público, cuya tarea ha dejado de ser meramente represiva. El resultado es que las situaciones de violencia interna han disminuido de manera palpable, así como las situaciones límite en que debía darse intervención a los grupos especiales de la Policía.

Pero más allá de la mejora en lo que tiene que ver con la seguridad –tema de preocupación del ciudadano común– las nuevas autoridades del INAU están poniendo el acento en la rehabilitación de los menores infractores y en aspectos educativos que permitan a los internados –sean éstos infractores o no– la tan necesaria inserción laboral.

Ahí está la clave para resolver tan delicado problema. Porque la función del INAU no puede ser vista como una tarea exclusivamente represiva, ni sus dependencias como depósito de menores infractores recluidos para evitar que cometan más delitos.

La sociedad debe tomar conciencia de que las tareas de reeducación y rehabilitación de los jóvenes infractores son más importantes que la represión y el castigo. *