Debate sobre la historia reciente

El pasado viernes 25 de agosto, en oportunidad de celebrarse un nuevo aniversario de las Leyes de la Piedra Alta de 1825, el comandante en jefe del Ejército, teniente general Carlos Díaz, reiteró la visión de la institución castrense sobre los orígenes de la violencia y del golpe de Estado: «La visión del Ejército sigue siendo la misma, la histórica, la que afirma que la lucha armada no fue iniciada por el Ejército».

Más allá de que corresponda o no que un funcionario que ocupa tan alto cargo en las Fuerzas Armadas emita opiniones respecto de la historia de los últimos cuarenta años (cuestiones particularmente sensibles, polémicas y dolorosas), entendemos que el debate no debe plantearse acerca de quién comenzó, como forma casi pueril de señalar a un culpable. La historia no debe presentarse en blanco y negro, y no debemos desviarnos hacia cuestiones que nada aportan a la comprensión cabal de aquellos tiempos turbulentos.

Creemos, coincidiendo con el historiador Carlos Demasi y con la ministra de Defensa, Azucena Berrutti, que es muy difícil establecer quién empezó la escalada de violencia que desembocó en el golpe y en la represión brutal de la dictadura. Pero, lo reiteramos, entendemos que no se trata de dilucidar esa cuestión formal sino de analizar y comprender la situación económico-social, política y cultural del país hacia comienzos de los años sesenta, sin detenerse a averiguar de dónde partió el primer disparo.

Porque con ese criterio (el de investigar, determinar y señalar al responsable), obviamente habría que concluir dando la razón al teniente general Díaz cuando afirma que no fue el Ejército el que inició la lucha armada. Es claro que fue el gobierno –con el visto bueno de la dirigencia política conservadora de la época– el que dio participación a las Fuerzas Armadas en el combate a la guerrilla urbana.

Sin embargo, para comprender cabalmente la situación, es preciso tener en cuenta que los síntomas de violencia habían aparecido en Uruguay hacia fines de los cincuenta y comienzos de los sesenta, cuando –bastante antes de que ninguno de los grupos armados que después operaron en el país hubiera efectuado acción alguna– organizaciones de corte fascista (Medl, LOA, Alerta) la emprendían contra organizaciones y militantes de izquierda, empleando métodos particularmente violentos.

Téngase presente, asimismo, que por aquel entonces las movilizaciones sindicales en reclamo de mejoras salariales y de mejores condiciones de trabajo eran sistemáticamente reprimidas por la Policía con una violencia cada vez mayor. Y recuérdese, finalmente, que la guerrilla urbana fue creciendo en la medida que el gobierno de Pacheco Areco se fue endureciendo en la represión contra los sectores populares azotados por la crisis.

Para terminar, una puntualización más. Aun en el supuesto de que se dictaminara formalmente que fue la guerrilla la que inició la escalada de violencia, ello en modo alguno justifica el terrorismo de Estado ni los métodos brutales e inhumanos empleados por los militares para combatir a los insurgentes. Y menos aun justifica lo que vino después: el golpe de Estado, la instalación de un régimen de facto y la represión despiadada que desnudó la insania de los represores adiestrados en la Escuela de las Américas.

La dictadura –en uso de su estructura represiva (OCOA, SIDE, etcétera)– torturó a ciudadanos indefensos, martirizó a gente que no había disparado un solo tiro, vejó, ultrajó y violó a mujeres, se apropió de niños y asesinó e hizo desaparecer a decenas de hombres y mujeres cuyo único delito fue oponer resistencia al desborde autoritario.

No desviemos, pues, el análisis hacia cuestiones menores y centrémonos en lo que realmente importa: los crímenes abyectos cometidos al amparo del terrorismo de Estado. *