La función legislativa subordinada al reparto de cargos

Con bastante frecuencia se oye decir a dirigentes o comentaristas políticos que las designaciones en los directorios de los entes autónomos no estarán aprobadas hasta que se haya completado en el Poder Legislativo la aprobación del Presupuesto quinquenal.

Por esta vía, se dice a modo de explicación, el gobierno se asegura las mayorías necesarias para la aprobación del Presupuesto, manteniendo la coyunda sobre el Herrerismo, desalentando cualquier gesto de rebeldía orejana por parte de los legisladores de ese sector.

En ese tipo de razonamiento se va tan lejos que, después de la muy precisa información analizada ayer en las páginas políticas de LA REPUBLICA, se plantea la singular situación del sector liderado por Carlos Julio Pereyra.

Este núcleo, de larga trayectoria política y legislativa, habría quedado afuera de las paramétricas de distribución aprobadas por el Honorable Directorio del Partido Nacional: dos tercios para el Herrerismo, un tercio para dividir entre los seguidores de Larrañaga, Juan Andrés Ramírez y Alberto Volonté.

Excluido del inciso de minoría dentro de la minoría, se da por descontado que el Movimiento de Rocha, que no puede quedar sin nada, negociará directamente con el gobierno, que no está en condiciones de rifarse el voto número 18 del senador Carlos Julio Pereyra, voto que puede resultar fundamental para conseguir determinadas mayorías especiales exigidas por la Constitución.

En medio de estos pronósticos se anuncian algunas resoluciones adoptadas el día miércoles por el Directorio nacionalista.

En la misma, se anuncia el esfuerzo que habrá de realizar el presidente del Directorio del Partido para persuadir a los legisladores que actúen «con manos de yeso», según titula el matutino El País, en el tratamiento parlamentario del Presupuesto.

Para los dirigentes de los partidos tradicionales, todas estas actitudes, las demandas explícitas de cargos, el condicionamiento de la conducta parlamentaria a la distribución de cargos políticos, todo eso les parece normal.

Así de normal era la presencia de rinocerontes en las calles del pueblito aquel, para Ionesco.

Para los que miran de afuera, sin embargo, las cosas parecen animadas por la lógica del absurdo.

Aquí están en juego, por lo menos, tres factores primordiales en la institucionalidad democrática.

Por un lado el gobierno de las grandes empresas públicas, en segundo lugar, las condiciones en las que actúan los legisladores y en tercer lugar cómo se regula y se sustancia la vida de los partidos políticos.

En ese sentido vale la pena recordar los debates del año 1996 cuando se discutía la reforma constitucional.

El lector recordará las innumerables apelaciones a la transparencia, a la democratización, a la descentralización y al fortalecimiento de los partidos políticos que aquella reforma constitucional traería aparejado.

Hasta ahora, las únicas que se han visto son las consecuencias del balotaje que permitieron sumar a blancos y colorados sus fuerzas contra el candidato progresista.

En materia de transparencia, de descentralización, de democratización de los partidos, la situación es la misma del período anterior.

Es una constatación que no habría que perder de vista.

En cuanto al popurrí de nombres que empieza a manejarse en la danza quinquenal de los directorios de los entes autónomos, el desparpajo con que se reconoce que no hay otra lógica que la del reparto es temible.

De lo que se habla es de la conducción de grandes empresas, con decenas de miles de funcionarios, que atienden servicios estratégicos esenciales para la vida del país como la energía eléctrica, los puertos, la emisión, el crédito, el endeudamiento, los teléfonos, el agua potable y las instalaciones de saneamiento, el crédito hipotecario, los seguros, el correo, lo que queda de los ferrocarriles, de los intentos de colonización, en fin, una enorme concentración de potencialidades y de responsabilidades frente a la población.

¿Cómo va a ser asignada la responsabilidad de conducción en las mayores empresas del país?

Usted ya lo sabe: por una estricta cuotificación entre los partidos tradiciones y dentro de esto, de cada una de las fracciones.

¿Cuántas veces se dijo que se seguiría con estas prácticas?

¿Cuántas veces tendremos que oírlas en el futuro?

Finalmente, ¿cuál es el papel del Parlamento en una institucionalidad democrática, cuál es la función de los partidos?

¿Es admisible, la opinión pública se debe acostumbrar a las directivas que mandan enyesar a los legisladores en función de los pactos del reparto?

¿Es así como se dignifica la institución parlamentaria?