Con verdad y justicia, no ofendo ni temo

En estos días de triviales interpelaciones a ministros de Estado, se suman 18 causas por delitos de lesa humanidad que se vienen sustanciando en sedes judiciales uruguayas. Mientras Radaelli, Sarli y Casella continúan confinados y procesados en Chile por la causa Berríos se aguarda –no sabemos con exactitud la fecha y hora– el vuelo en el que una nutrida representación de uniformados viajará a la República Argentina, no precisamente a discutir con sus pares temas de defensa, sino a comparecer en juicios por tan aberrantes prácticas criminales. Una información de LA REPUBLICA permitió conocer el establecimiento penitenciario que podría albergar a los militares y policías que operaron en Talleres «Orletti» y que secuestraron y asesinaron a Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, e intentaron hacer lo propio con Wilson Ferreira Aldunate. Hemos dicho y repetido hasta el cansancio que con la sangre de los mártires no se juega. Mientras el presidente Vázquez, en uso de su investidura y rango, decide cuáles causas están o y cuáles no lo están bajo el amparo de la Ley de Caducidad, el inexorable paso del tiempo corre en contra de los familiares y organizaciones sociales y políticas, de la indeleble memoria hacia las víctimas de terrorismo de Estado. El destino de la verdad y la justicia, causa por la cual luchamos cientos de miles de uruguayos, incluido naturalmente el compañero Presidente, permanece bajo su poder discrecional.

Un Presidente al que votamos, queremos y respetamos, pero un Presidente al mismo tiempo, que no es ni será eterno, ni posee en sus manos la decisión soberana del pueblo cuando el último domingo de noviembre de 2009 este gobierno se enfrente a las urnas y al veredicto popular. Va de suyo que en ese voto habrá un componente para juzgar lo que haya sido en este quinquenio 2005-2010 su política en materia de derechos humanos.

Reafirmamos públicamente nuestra voluntad de que los ciudadanos incursos en crímenes de lesa humanidad sean juzgados en esta tierra, por nuestros jueces, y que se les brinden todas las garantías procesales que ni ellos ni los jueces militares de la dictadura les dieron a los maestros Elena Quinteros, Julio Castro, al insigne profesor y escribano Fernando Miranda o al doctor Vladimir Roslik, entre muchos otros.

Faltan mucho valor y verdades en esta batalla por las propias libertades públicas, por la esencia misma del Estado de Derecho. Hablamos del respeto a la vida, a la integridad física y psicológica de las personas. «Es muy veleidosa la probidad de los hombres y no aparecen las seguridades del contrato», decía el Padre de la Patria, general José Artigas.

Lo que más falta y aparece como una afrenta a Artigas y a su pueblo parece ser la memoria de los propios actuales senadores y diputados para  en nombre de sus pares Michelini y Gutiérrez Ruiz, asesinados en Buenos Aires- impulsar la campaña de anulación, abrogación, muerte y sepultura de la malhadada Ley 15.848, pues el magnicidio de ambos fue, antes que nada, un atentado contra la institución Parlamento Nacional, en el que hoy se desempeñan precisamente los actuales legisladores.

Es por ello que invocamos y exigimos a los señores parlamentarios de nuestra propia fuerza política, al Honorable Directorio del Partido Nacional, donde actuara y brillara una figura consular en tan sensible materia como el profesor José Claudio Williman, y muy especialmente a su Comisión de Derechos Humanos, al arquitecto Lamorte y a su Partido Unión Cívica, a la Iglesia Católica y todas las Iglesias, al señor Kreimermann, al Comité Central Israelita y al pueblo hebreo radicado en Uruguay –que bien sabe y conoce de terrorismo de estado–, a la Colectividad Armenia, a los que luchan por una Palestina libre, a todos los uruguayos y uruguayas, especialmente a los jóvenes y por las futuras generaciones, a elevar la apuesta que han activado connotados referentes políticos y sociales y a considerar estos fundamentos.

¿Qué hacer?

1) Debemos iniciar una gran campaña nacional a lo largo y ancho del país, ampliando la base social y política contra la impunidad, destinada a anular la ley 15.848.

2) Debe al mismo tiempo nacer en el mismo Parlamento una norma sustitutiva y abrogatoria de la rémora dictatorial, pues lo que se sometió «ad referéndum» está viciado de nulidad, dada la campaña de terror y presión aduciendo eventual golpe de Estado, que llevaron adelante los mentores y creadores de la ley caduca en el tiempo presente.

3) Paralelamente la sociedad uruguaya y este gobierno votado por mayoría absoluta de ciudadanos, debe construir desde la raíz una justicia independiente y libérrima en sus decisiones.

Para ello debe crearse un Ministerio de Justicia a efectos de reparar el daño causado por el Acto Institucional No. 8 y el tristemente célebre «Consejero de Estado», doctor Julio César Espínola, quien haciendo uso de la fuerza de las bayonetas removió y destituyó jueces independientes y honorables, convalidando en todas sus formas el terrorismo de Estado.

4) Debe reformarse la Justicia Penal y su Código de Procedimiento a modo de agilizarlo y hacerlo funcional a las necesidades de una justicia no clasista.

El Código Penal vigente, su sustancia de inspiración fascista es una norma que castiga con mayor rigor a quien roba por hambre, en relación al que secuestra a una mujer embarazada, le roba su hija, la asesina y la hace desaparecer.

Nos convoca de aquí en más, a todos los uruguayos sin exclusión, un gran movimiento de masas democrático, por la vida y la esperanza de un Uruguay para todos sus hijos.

La historia es de los pueblos, de sus gestas libertadoras, de sus luchas, de su voz, emanada desde el voto que el alma pronuncia. Es por ello que decimos a este, nuestro pueblo: «con verdad y justicia, no ofendo ni temo». *