Las acciones judiciales por la verdad (I)

Como es de público conocimiento, el pasado 15 de diciembre, presentó ante un tribunal uruguayo una por la desaparición de su hija, la , víctima de las fuerzas de la represión de la dictadura (1973-1984).

En la demanda se expresa: «A pesar del sinnúmero de gestiones realizadas, no he podido saber, hasta el día de hoy, dónde fue conducida luego de ser secuestrada del interior de la embajada de Venezuela, ni qué suerte corrió» su hija Elena. «Aquellas preguntas elementales no han sido respondidas aún». «Ninguna autoridad pública me informó nada en relación a qué ocurrió con mi hija luego del secuestro y dónde está su cuerpo».

La omisión ilegítima del Estado fue puesta nuevamente de manifiesto cuando recibió una declaración de un ex funcionario del Ministerio de Defensa que asegura que en el Batallón Nº 13 está enterrada Elena Quinteros, y no se dispuso diligencia alguna. Por esa razón la demanda intenta lograr la protección del derecho a la información, derecho fundamental de rango constitucional que la omisión del Estado, en el caso, desconoce francamente en la medida que todo ocultamiento, demora, inacción, negligencia, desidia, imprudencia en la búsqueda de la información y la obtención de la verdad, suponen una evidente lesión de aquel derecho. Esta acción, a raíz de dos resoluciones de la jueza actuante, que solicitó ampliación de información a los demandantes, primero, y a la Suprema Corte de Justicia, después, ha quedado en suspenso para ser dilucidada una vez concluida la Feria Judicial Mayor.

La intención de esta información es dar cuenta de que existen antecedentes de acciones judiciales tendientes a lograr el establecimiento de la VERDAD, que han incursionado en vías distintas a las que desde el punto de vista doctrinario muy clara y brillantemente ha expresado la doctora Beatriz Venturini en una publicación de la Asociación de Magistrados del Uruguay; nos referimos a las Reparaciones Civiles.

Uno de los antecedentes interesantes sobre la materia lo encontramos en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Argentina), en la causa: «Urteaga, Facundo Raúl c/ Estado Nacional- Estado Mayor Conjunto de las FFAA. Sobre este caso nos ocuparemos en una próxima nota.

A escala de la Justicia uruguaya, además de los interesantes aspectos que deja planteados la sentencia de la doctora Jubette en la causa «Baliñas Puppo, María Mercedes c/Estado – Poder Ejecutivo, Ministerio de Defensa Nacional», existe una importante sentencia de segunda instancia en esta misma causa sobre la que nos ocuparemos en una tercera nota.

El antecedente del que hoy nos queremos ocupar se refiere al Juicio por la Verdad que se inició en abril de 1998 en la Cámara Federal de La Plata (Argentina). Durante el año 1999, en 42 jornadas se efectivizaron 250 audiencias, en las que declararon familiares, ex detenidos, médicos que firmaron certificados de defunción de cuerpos NN en el período 1976/83, policías y militares implicados en la represión ilegal. Existe hasta hoy más de un centenar y medio de causas abiertas.

En una profundización de las investigaciones, los jueces de la Cámara Federal, acompañados de los abogados de las víctimas, inspeccionaron comisarías, los Archivos Policiales, del Ministerio de Justicia Bonaerense, cementerios y lugares donde funcionaron campos clandestinos de detención.

El trabajo de investigación y recopilación de pruebas, al que se sumaron distintas organizaciones de DDHH de la Argentina (Abuelas, Madres y la Asociación de ex Detenidos – Desaparecidos) como parte en el Juicio, llevó en este ultimo año a que se produjeran importantes pasos contra la impunidad. Si bien se estima que la recopilación de pruebas y testimonios podría llevar dos años más, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Plata estima que quizás, a esa altura, en Argentina no sólo se hable de Verdad, sino también de Justicia.

El nuevo milenio hereda sin resolver, en el campo de los Derechos Humanos, un conjunto de aspectos esenciales para la convivencia democrática, sobre los cuales deberán expedirse las instituciones que la sociedad se ha dado, justamente para su preservación y defensa. No se trata de una batalla en solitario del Poder Judicial. Como toda batalla democrática, necesita de la participación de toda la sociedad. En eso estamos.