Los tentáculos del poder

La asignación por parte del Poder Ejecutivo de 33 nuevas ondas radiales ha suscitado una nueva ola de protestas en todo el país.

Por un lado, el presidente Sanguinetti procede al otorgamiento de las concesiones sin brindar a la sociedad ningún tipo de garantías.

La cesión se realiza por decreto, sin controles públicos, sin garantías, sin la más mínima expresión de transparencia.

Dado el papel creciente que la comunicación tiene en el plano cultural y político, la decisión comporta una nueva muestra de desborde de autoridad: una vez más el poder administrativo, la alta cúpula de la burocracia estatal, se autoasigna la facultad de disponer de bienes que pertenecen a la comunidad.

Una primera mirada, necesariamente precaria pues hay muchos «anónimos» entre los agraciados, muestra que, si no está suficientemente claro a quiénes se favorece, no hay dudas acerca de quiénes han quedado fuera del reparto.

No aparecen, por ejemplo, concesionarios ligados a las actividades de la Universidad de la República, o a asociaciones de carácter cultural o profesional o grupos locales representativos de los departamentos o zonas del interior del país en que operarán las emisoras.

El criterio, si nos atenemos a lo que se ha denunciado y no se ha desmentido hasta ahora por parte del gobierno, ha sido el del clientelismo, el amiguismo o el «pago» de favores o apoyos políticos a las fracciones en el poder, particularmente los vinculados al actual Presidente de la República.

Esta polémica decisión se suma a la escandalosa política llevada a cabo en la asignación de las concesiones de emisión de canal cable, sobre la que LA REPUBLICA, en su momento, desarrolló una larga y fundada campaña de esclarecimiento y denuncia.

Una vez más, desde el poder concentrado en el entorno presidencial, se frustran los anhelos de descentralización y participación que existen en la sociedad.

Una sociedad –como la uruguaya– con una tremenda potencialidad creativa y una necesidad vital de no vegetar asfixiada en los tentáculos, cada vez más abarcadores, del poder estatal.

Es inevitable no relacionar esta resolución, que reparte ondas radiales, con la anunciada decisión del próximo elenco presidido por el doctor Jorge Batlle en el sentido de excluir del gobierno de las empresas públicas a administradores vinculados al Frente Amplio-Encuentro Progresista, primera fuerza electoral del país y tenedora de la mayor bancada parlamentaria del arco político nacional.

Estamos ante una política de exclusión que tiene una arista político-ideológica y otra con relación a la sociedad civil: los únicos que ostentan posiciones de poder son aquellos que, de un modo u otro, están en la órbita de los grupos que actualmente están en el poder estatal.

En los hechos, no hay transparencia, no hay mecanismos efectivos de control y no hay pluralismo en la distribución de las facultades y responsabilidades de la administración.

El sistema se completa con la utilización de la publicidad estatal como mecanismo privilegiado en la financiación de las empresas –radios y canales– de comunicación.

Con la intermediación de un grupo de poderosas agencias de publicidad, desde los directorios –integrados por el «partido-único» en el poder– se vierten cuantiosas partidas de dinero como contrapartida de una publicidad de dudosa eficacia, cuando, por ejemplo, atañe a empresas monopólicas, o se realiza fuera del país, como lo ha hecho el Banco de Previsión Social.

Si los medios de comunicación son otorgados –sin licitación, sin transparencia– por el poder político y luego, para subsistir, dependen en gran medida de un financiamiento que también proviene de la burocracia estatal, son las propias garantías de una sociedad abierta y democrática las que están en juego.