Positiva ampliación de las investigaciones

De acuerdo con la información brindada a la prensa en la jornada de ayer, el campo de las investigaciones por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura conocerá una nueva y muy importante ampliación. Efectivamente, la jueza Gabriela Merialdo citó para las próximas semanas a los mandos civiles, militares y policiales que actuaron en 1976, para dar comienzo a la indagatoria por la desaparición de María Emilia Islas Gatti de Zaffaroni, Juan Pablo Recagno Ibarburu, Ary Cabrera Prates, Juan Errandonea y Armando Bernardo Amone Hernández. Entre los citados se encuentra el ex presidente Juan María Bordaberry, el ex presidente de facto Gregorio Alvarez, y los militares y policías que están detenidos en espera del pedido de extradición de Argentina.

Según anuncia El País, la citación comprende al comandante de la Fuerza Aérea, Enrique Bonelli, al ex comandante José Pedro Malaquín, al mayor Walter Pintos, al coronel aviador Uruguay Araújo Umpiérrez y al capitán Daniel Muñoz, participantes del segundo vuelo. Deberán comparecer acompañados de sus abogados, ya que son citados en calidad de indagados.

Los integrantes del segundo vuelo conformaban un grupo de militantes de la resistencia antidictatorial que residía y actuaba en la Argentina, por lo cual el Poder Ejecutivo dio curso de los casos a la Justicia en función de la inaplicabilidad de la Ley de Caducidad a los delitos cometidos fuera del territorio nacional.

De un modo u otro la ampliación del territorio de lo que se investiga es un avance en la senda de las exigencias formuladas por los familiares de las víctimas. La opinión de este conjunto ha tenido siempre y tiene en la actualidad una especial gravitación en la conducción de la fuerza política y del Poder Ejecutivo.

Como se recordará, días pasados la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos-Desaparecidos advirtió que, «a un año de la entrega de los informes de las Fuerzas Armadas al Poder Ejecutivo (resulta claro) que los militares que aportaron datos mintieron, siguen mintiendo y ocultaron información, incluso al propio presidente Tabaré Vázquez.

En tal sentido, Familiares sostuvo que «el directo accionar de las Fuerzas Armadas en el presente y en el pasado lleva a que existan hoy más de 200 detenidos-desaparecidos (…) Se le mintió al Presidente de la República y a toda la sociedad. Y la mentira es institucional, pues los informes entregados al Presidente de la República eran oficiales y respondían a una decisión institucional del Poder Ejecutivo y de las Fuerzas Armadas. En tal situación, son las Fuerzas Armadas, como institución, las que resultan cuestionadas».

Sobre estas bases es que demandaron al gobierno que, «frente a la mentira, el ocultamiento y la impunidad las autoridades democráticas deben tomar medidas. De otra forma, la institucionalidad democrática avala esa mentira y esa impunidad, y en ellas educa a toda la sociedad».

La ampliación del área a cargo del Poder Judicial apunta a un avance sustantivo, ya que su acción, en todo caso, resulta rodeada de un sistema de garantías del que carecen los tribunales de honor de las fuerzas armadas, que por lo general, salvo excepciones muy espectaculares como el de Gilberto Vázquez, se han formado para sancionar –desde la más crasa falsedad– a militares de pensamiento democrático y constitucionalista, como han sido el general fallecido Líber Seregni y el general Víctor Licandro, entre muchos otros. *