Reforma tributaria: limar discrepancias

La nebulosa que envuelve la discusión que se realiza a nivel del gobierno, o dentro mismo del Frente Amplio sobre la reforma tributaria a estudio, hace que a esta altura del problema, para saber todo lo resuelto y acordado, o lo rechazado o pendiente de acuerdo, es casi imposible para quien ha opinado varias veces sobre este tema por este mismo medio, pero que, por no ser integrante del órgano decisorio del FA, ni ocupar cargo alguno en el gobierno, se le hace muy difícil seguir opinando sobre este tema.

De cualquier manera, he resuelto romper el silencio que me he auto impuesto y recordar de alguna manera algunas de las razones esgrimidas en mis análisis anteriores y que son en muchos casos compartidos por varios organismos sociales como las Cajas de jubilaciones y Pensiones Notarial, Profesional, Policial, Militar, Bancaria; Colegio de Contadores, Asociación de Escribanos etc. y que han comunicado sus objeciones con el proyecto, por los medios a todo el público y por los medios propios a sus asociados. Las principales discrepancias son:

1- Que una Ley que considere «rentas» a las jubilaciones y pensiones, podría considerarse anticonstitucional, porque los jubilados y pensionistas no desarrollan ninguna actividad productiva, por lo que sus ingresos no constituyen ninguna renta sino que significan un retorno acorde con las prestaciones que, por el ejercicio de un trabajo, se les impusieron cuando era trabajador por los organismos de previsión social.

2- Considera y solicita que el mínimo no imponible anual a todos los trabajadores, sea el equivalente a l20 unidades de BPC. ($l4.820, mensuales al día de hoy).

3-. Que se admita la opción de liquidar el impuesto considerando al núcleo familiar, a todos los trabajadores, teniendo en cuenta que una canasta familiar actual está en $27.000.

4.- Que se admita además una deducción a los pasivos, de l5% de los ingresos brutos, por gastos de salud y supervivencia.

5-. Que de no aceptarse el criterio del numeral 1, se debiera de aplicar a los pasivos de todas las Cajas, una alícuota única del 10% para los ingresos gravados sin franjas, a partir del mínimo no imponible, propuesto en apartado 2 que antecede, poniéndolos así en igualdad de condiciones, con los grandes inversores en inmuebles, según lo propuesto para la Renta Inmobiliaria en el proyecto.

Además, dadas las dificultades que ha demostrado tener, la aprobación del proyecto y sin saber en qué momento surgirá –si es que surge– el acuerdo necesario para su aprobación, reitero lo propuesto en el análisis sobre el tema y publicado en LA REPUBLICA con fecha 23 de mayo de 2006:

«Como creo que va a ser difícil la creación efectiva de los registros necesarios, en tiempo, que permitan un efectivo cruce de datos, opino que debe hacerse al revés; ir haciéndolo como se había pensado, en forma progresiva. Ello implicaría la aprobación con tasas adecuadas a la realidad económica y no con las del proyecto actual.

La implantación progresiva con tasas más bajas, permitirá irlas adecuando y derogando los otros impuestos, en función del equilibrio y de la justicia fiscal prometida.»

Abonan esta solución dos noticias recientemente conocidas: Que existen, depositados en el exterior por el Banco de la República, alrededor de U$S 2.000 millones. El ofrecimiento del FMI de un nuevo desembolso (¡más deuda, qué contradicción!) de $ l27 millones en setiembre próximo.

Esperemos confiados en que se adecuen los puntos de discrepancia que no hayan resistido el proyecto, para que se haga realidad el fin político-fiscal que le es implícito, de buscar la justicia y equidad prometida, de que pague más el que gana más, que pague menos el que gana menos y que no pague nada quien no gana lo suficiente, para poder hacer frente a las necesidades elementales de él y su familia. *