Un defensor del Plan Cóndor

Siempre con cierto retraso, la búsqueda de la verdad sobre los desaparecidos da, en nuestro país, algunos pasos.

Pequeños movimientos que, al sustanciarse, dejan en evidencia, ante la mirada atónita de mucha gente, la actitud de algunas autoridades del actual gobierno.

Es lo que surge de informaciones periodísticas del día de ayer, procedentes de distintos ámbitos pero que convergen hacia la misma problemática.

Por un lado, ha trascendido que el Presidente de la República se encuentra examinando el informe que le enviara el ministro de Defensa, Luis Brezzo, acerca de la solicitud de informes enviada desde Argentina por el fiscal Miguel Ángel Osorio.

Tal como habíamos informado en LA REPUBLICA, el fiscal, que reúne información acerca de los responsables de las operaciones criminales conocidas como Plan Cóndor, había solicitado a la autoridades uruguayas información acerca de José Gavazzo, Juan Rodríguez Buratti, José Arab, Jorge Silveira, Pedro Mattos, entre otros.

El expediente ha sido tramitado por el juez Juan Contarín y la Suprema Corte de Justicia de Uruguay.

De acuerdo con lo trascendido ahora, en el informe el Ministerio de Defensa se pronuncia contra el envío de la información solicitada.

Según se dice, el Ministerio basaría esta actitud en argumentos, que, aunque pueda sorprender, tilda de «jurídicos».

El ministro Brezzo desconoce todos los compromisos que para el Estado uruguayo suponen los convenios internacionales y sobre todo los que han determinado que la desaparición forzada de personas es un delito permanente.

Una persona pudo haber sido secuestrada por Gavazzo y los demás centuriones del Plan Cóndor hace más de 20 años.

Lo que sucede es que para la Justicia argentina (en cuyo marco institucional y doctrinario se mueve el fiscal Miguel Ángel Osorio) la desaparición de personas es un delito permanente.

Es, digámoslo de paso, el fundamento sobre el que se apoyó la Suprema Corte de Chile para resolver el desafuero del ex dictador Augusto Pinochet.

En una palabra: las posiciones del Ministro Brezzo, sus relevantes «con-cep-tos ju-rí-di-cos» tienen como solitaria compañía al cada vez más esmirriado grupo de los defensores del tirano chileno.

En otro orden, la actividad continuada de la Comisión para la Paz ha permitido que se conozcan (en algún caso que se reiteren) testimonios importantes, directos o indirectos, referidos a la situación de Elena Quinteros.

Un giro que resulta auspicioso surge de una crónica publicada por la prensa de ayer martes.

Según distintas fuentes, «(el) hombre no identificado que brindó su testimonio sobre el secuestro de Elena Quinteros consideró que puede ayudar a que sea verosímil el escenario de lo que pasó con la maestra desaparecida.

(…) Señaló que sus datos confirman lo que otros ya aportaron y que permitirán al presidente de la Comisión hablar con 50 testigos en vez de uno.»

Un elemento nuevo de este testimonio surgió a partir de la exhortación que a los soldados de tropa formuló el testigo y de la que se diera cuenta en nuestra edición de ayer.

El hombre exhortó a la tropa y a los clases a hablar ante el grupo de trabajo que procura conocer la situación de los desaparecidos.

Quine tenga información que venga. Que la aporte. La Comisión, agregó, es para la paz, no para la guerra en la que haya que atenerse a los pactos y violencias a los que fue sometida la gente de tropa».

La prensa agrega un elemento que se relaciona estrechamente con el título de estas reflexiones y con la primera parte de esta nota.

«El Ministerio de Defensa, obligado por la Justicia a investigar el caso Quinteros, no encontró elementos para esclarecer la desaparición. Los testigos del secuestro recibidos ayer por la Comisión para la Paz, no fueron citados».

De donde se podría deducir que en el gobierno existen por lo menos dos lógicas.

Una, impulsada por Batlle y quienes se han comprometido con la Comisión para la Paz y otra, en la que milita Brezzo que, solidario con Sanguinetti, sostiene que sobre estos hechos ya se ha investigado todo.