Algunos asuntos incomprensibles

Las acciones del gobierno han tomado un ritmo dinámico en materias que están acotadas por plazos inexorables. Por ejemplo, la sanción de la reforma tributaria que debe iniciar su vigencia a partir de enero de 2007, y –con plazos más obvios– la Ley de Rendición de Cuentas que debe ser aprobada en diciembre de este año. Ambas involucran temas nacionales llenos de tensiones internas en la sociedad y en la fuerza política que ganó las elecciones de 2004.

Veamos algunos temas, de mayor a menor, que me resultan incomprensibles:

Tema muy grande: El TLC con EEUU. Después de las recientes instancias de Córdoba en donde el Mercosur dio señales muy positivas para su avance y profundizó definiciones importantes hacia temas sociales y de integración real, un equipo técnico del Gobierno trabaja firme buscando un acuerdo para una deseada y necesaria ampliación del intercambio comercial con EEUU.

Se anuncia que en días próximos llega el principal negociador de ese país para definir un TLC (Tratado de Libre Comercio) con Uruguay, y en versiones del «norte» se mencionan como referencia los TLC acordados con Perú y con Vietnam.

Mientras, nuestro ministro de Economía elude hablar del término TLC y expresa que «el nombre del acuerdo, no le preocupa y sí los contenidos». Sin embargo no me cabe duda, que los documentos «pro-forma» de los especialistas gringos, vienen en «formato TLC», de esos que permiten  artículo por artículo- poner aquí y quitar por allá.

En un TLC la esencia de lo global será siempre la de ellos y uno piensa que la esencia global de un planteo de gobierno frenteamplista en este tema, es trabajar un documento específico, digamos un Acuerdo Ampliado de Comercio Bilateral, que logre mejorar el nivel y las condiciones de los intercambios comerciales actuales y de nuevos productos con posibilidad de competencia en el mercado comprador de EEUU, sabiendo que hay una enorme gama de restricciones al «libre comercio» por los bienes bajo protección de subsidios del Gobierno de ese país, como hay -sin duda- otra buena gama de restricciones nuestras al texto genérico del «borrador gringo» para un TLC.

Sería incomprensible e insólito que el equipo de técnicos que se siente a negociar con los delegados de EEUU, en temas tan delicados para el Uruguay y para sus compromisos naturales e institucionales con la región, no cuente con un «borrador» nuestro previamente avalado por el colectivo del Gobierno, de sus bancadas parlamentarias y de la fuerza política. En este tema, el texto de ningún acuerdo con EEUU podría escapar ni un ápice al alcance estrictamente comercial bilateral, y sí -sin duda- el nombre de lo que se firme: sí importa.

Temas grandes: El de la Reforma Tributaria al reducir el impuesto a la renta de empresas del actual 30% del IRIC al «hasta el 25%» para «incentivar» la conducta inversora de ese sector de contribuyentes, siendo que además el «hasta» implica la posibilidad  para más adelante- de poder seguir reduciendo la tasa así como los aportes a la seguridad social.

La tasa actual está desde hace años integrada a la economía de las empresas y es además equilibrada en la región con la sola excepción del Paraguay.

Ocurre además que si el BROU tiene U$S 2 mil millones en colocaciones en el exterior «porque no hay demanda de créditos en la economía interna» es porque los agentes nacionales privados de la producción y el comercio no tienen  cosa que perdieron hace años- vocación para «inversiones de riesgo». Entonces, antes que «liberarles impuestos» para que se motiven a invertir el excedente, lo correcto sería definir políticas activas, definiendo áreas productivas de inversiones para el crecimiento y desarrollo del país.

Temas chicos: Mencionaré uno y actual, de los miles que se visualizan. Todas las instituciones tienen rutinas de gestión arcaica heredada de blancos y colorados. Una buena cantidad de organismos cuentan con «recursos propios de libre disponibilidad» pero desde hace años los MEF les controlan su aplicación y en algunos casos tienen montos «congelados» en cuentas bancarias. Es el caso del Edificio nuevo para el Tribunal de Cuentas que a esta fecha cuenta con cerca de 6 millones de dólares congelados en el Banco República y en la CUM (Cuenta Unica Nacional) en el MEF.

Las actuales autoridades del TCR (designadas en 1995) pretenden aplicar esos recursos a la compra de ese edificio para la sede del organismo.

En el proyecto de Rendición de Cuentas actual, el MEF lo autoriza a aplicar ese dinero solo parcialmente. Este «tema micro» me resulta también incomprensible e insólito, por dos cosas: 1) el MEF del gobierno frenteamplista parece seguir la práctica de los gobiernos anteriores de hacer «indisponibles» los fondos de «libre disponibilidad» de los organismos; y 2) Las autoridades del TCR quieren aplicar esos recursos para la compra o construcción de un nuevo edificio sede. En este punto tuve la oportunidad de discrepar cuando en el 2004 ocupé transitoriamente un cargo en la directiva del TCR, argumentando que a pocos días de las elecciones nacionales debía dejarse la definición de inversiones para las eventuales nuevas autoridades. El tema quedó diferido, pero ahora, las mismas autoridades insisten.

En mi opinión, antes que un nuevo edificio, el organismo, vetusto en procedimientos y relaciones interinstitucionales, merece invertir significativamente en la informatización de todas sus actuaciones, siendo que es el organismo por donde pasa lo relativo a la gestión de todo el sector público del país para su contralor externo y autónomo. *