Impunidad: el rompecabezas se va completando

Tal como surge de la crónica de Roger Rodríguez publicada en LA REPUBLICA de ayer, la detención del coronel aviador José Araújo Umpieérrez reviste una enorme significación.

Tal como expresa el periodista, «Araújo Umpiérrez era el representante de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) en la subdirección del Servicio de Información y Defensa (SID), que compartía con el capitán de navío Juan Carlos Volpe Sañudo y el coronel del Ejército Pedro Víctor Font Raluy, bajo las órdenes del director, coronel Juan Rodríguez Buratti.

Durante su ‘servicio’ en la central de inteligencia de la dictadura uruguaya, Araújo Umpiérrez estuvo directamente involucrado en la coordinación del traslado ilegal de los uruguayos del ‘segundo vuelo’ de Orletti y de la desaparición del maestro Julio Castro».

De este modo se da un paso más en el largo proceso de armar el «rompecabezas» de la represión ilegal durante la dictadura. En este caso la «pieza» incorporada arroja luz sobre dos expedientes judiciales especialmente significativos: el secuestro del maestro Julio Castro, figura consular del magisterio uruguayo, y el traslado ilegal de alrededor de veinte personas ligadas al Partido Por la Victoria del Pueblo.

En este grupo, conocido como los transportados ilegalmente a Uruguay en el Segundo Vuelo, figuran núcleos familiares enteros, incluyendo a niños de corta edad, varios de los cuales fueron reencontrados muchos años después y mediante complejas investigaciones.

El modus operandi del SID en aquellos años tenía un antecedente también significativo: el traslado de veintitrés personas, unos meses antes del Segundo Vuelo, entre las cuales se encontraba Sara Méndez, a quien se despojó de su bebé recién nacido, Simón, reencontrado finalmente casi veinticinco años después.

El episodio del primer traslado contiene otro hecho llamativo. Por un lado consagra en los hechos la estrecha colaboración entre las armas. En el grupo que operaba en Buenos Aires había oficiales de la Fuerza Aérea, de la Armada Nacional, del Ejército y de la Policía.

Contaban con la complicidad y el apoyo logístico de todo el sistema de control de fronteras. Pero se fue más lejos: se articularon los pasos a seguir con el Supremo Tribunal Militar que juzgó, de acuerdo con las normas «legales» vigentes, a los 23 secuestrados.

Como señala en su crónica Roger Rodríguez: «En ese marco de la coordinación represiva con las dictaduras de la región conocida como Plan Cóndor, Araújo Umpiérrez también es el responsable del traslado de María Claudia García de Gelman, embarazada a término, quien en Uruguay dio a luz a una niña, causa por la que se pide ahora su extradición».

La muy morosa reconstrucción de los hechos permite ir comprendiendo la magnitud del poder que concentraban aquellos comandos que tenían a su cargo la represión política.

De hecho, para aquellos oficiales no existían los límites, ni las fronteras ni los códigos. Ni siquiera atenuaban su amplio poder unos reflejos de conductas humanitarias que los impulsaran a una actitud de mínimo respeto por la vida y la integridad física de aquellas personas a las que se había detenido en el marco de operaciones de represión política.

Para horror del país, el rompecabezas se va armando. Lo grave es que, en su mayoría, estos individuos fueron denunciados en 1976. Sus nombres ingresaron en sendos legajos judiciales, tanto en nuestro país como en Argentina. Pero los apoyos que estos militares tenían iban más allá de los muros de los cuarteles y más allá de la gente encuadrada en las Fuerzas Armadas: estaban en los dirigentes políticos conservadores que dieron cobertura, del mismo modo que en los setenta habían dado aquiescencia e impulso al accionar represivo.

Tarde o temprano el rompecabezas se terminará de armar y allí estarán los nombres de los «respaldos civiles» a las atrocidades cometidas. *