El combate a la delincuencia

Más de una vez, desde estas páginas hemos destacado el socialismo humanista que inspira al doctor José Díaz en su tarea al frente del Ministerio del Interior.

Más de una vez hemos reconvenido severamente a los dirigentes políticos opositores que, en busca de mezquinos réditos políticos, no vacilaron en denostar al ministro y se ensañaron en la crítica a su gestión.

El fantasma de la inseguridad fue convenientemente agitado y agigantado para acusar a Díaz de excesiva blandura y culpabilizarlo por un fenómeno que tiene su origen en la depauperación de la sociedad, provocada, a su vez, por un modelo de crecimiento económico perfectamente injusto e inhumano cuyos impulsores son quienes se rasgan hoy las vestiduras reclamando mano dura contra los delincuentes.

Independientemente de que la inseguridad sea una realidad o una mera sensación térmica, el hecho es que esa prédica pertinaz de las fuerzas conservadoras ha abonado la percepción negativa del común de la gente sobre la eficacia policial. Ultimamente se llegó al extremo de que un grupo de vecinos de Canelones se proponía organizar escuadrones de la muerte para hacer justicia por mano propia y «matar a todos los pichis que anden en la vuelta», según reza el comunicado de ese grupo subversivo.

Ahora bien, como de todos modos aumenta el clamor popular exigiendo más seguridad, el Ministerio del Interior, sin apearse ni un ápice de su vocación humanista, ha elaborado un par de proyectos de ley que pronto serán analizados en el Parlamento y que apuntan a dotar de mejores herramientas a la Policía y a la Justicia en su combate a la delincuencia en general y a la delincuencia juvenil en particular.

No se trata de una marcha atrás. Tampoco se trata, como lo han sugerido algunos, de una respuesta irreflexiva ante el anuncio del Partido Nacional de recolectar firmas para corregir la normativa vigente. Se trata de una sabia adecuación a la realidad.

Y la realidad indica que la miseria y la exclusión, el desempleo y las bajas remuneraciones –esos «inevitables costos sociales» que hay que pagar para crecer en los parámetros del neoliberalismo– han generado un incremento del índice de delincuencia y, al mismo tiempo, son los causantes del triste fenómeno de la infantilización del delito.

A esa realidad debe hacer frente el gobierno actual. Una realidad que, como en otros ámbitos del quehacer nacional, resulta ser una herencia maldita de la ineptitud y de la irresponsabilidad criminal de los gobiernos anteriores. Y para hacer frente a dicha dolorosa realidad, es preciso combatir el delito y brindar seguridad al ciudadano común.

Así, mientras desde otras secretarías de Estado se estudian y se adoptan medidas para atacar las causas del incremento de la delincuencia (el Mides y sus planes asistencialistas, el Miem y el MEF tratando de instrumentar el país productivo, el MEC ampliando su acción educativa hacia los barrios más carenciados, etcétera), la realidad impone que el Estado también ataque los efectos de ese drama social, efectos que sufren todos los habitantes del país. *