La Justicia se abre paso

En nota editorial publicada ayer comentamos las deplorables declaraciones del intendente de Cerro Largo en ocasión de celebrarse el Consejo de Ministros en la ciudad de Melo.

En momentos en que la verdad de lo ocurrido durante la dictadura empieza a asomar en toda su crudeza, la afirmación de que el Ejército uruguayo «está formado por hombres de honor, de ideales y de acendrado amor a la patria» resulta, por decir lo menos, descabellada. Un sinsentido risible, una paradoja involuntariamente cargada de ironía o una burla al sentido común, a la inteligencia y a la dignidad de los uruguayos; en definitiva, un verdadero ataque a la fuerza moral de la sociedad.

El jefe comunal de Cerro Largo parece anclado en el pasado. No ha advertido que la impunidad trabajosamente tejida por los centuriones y sus aliados civiles ha empezado a exhibir en su urdimbre desgarros irreparables. Es a través de esas rajaduras, de esas fisuras de dignidad, que la verdad y la justicia se abren paso para terminar con el pacto de ocultamiento y de silencio celebrado entre los responsables del terrorismo de estado y los gobernantes pusilánimes que se prestaron a protegerlos.

La solidez de esa trama de impunidad empezó a debilitarse luego de la asunción del gobierno progresista en marzo del año pasado. El presidente Vázquez fue claro en cuanto a su disposición a cumplir a rajatabla todo lo dispuesto por la Ley de Caducidad; a cumplir en su totalidad lo dispuesto por aquella norma. En ese sentido, cumpliendo con la potestad que dicha ley otorga al Poder Ejecutivo, excluyó expresamente del beneficio de la impunidad ciertos crímenes especialmente aberrantes y emblemáticos: entre otros, los asesinatos de Héctor Gutiérrez Ruiz, de Zelmar Michelini y de María Claudia García de Gelman.

La malhadada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado –en un todo de acuerdo con el espíritu que animó a sus impulsores y redactores– excluye de esa ominosa impunidad a texto expreso los delitos cometidos por civiles así como aquellos que no respondieran a móviles políticos o no hubieran sido ordenados oficialmente por los mandos.

Por tanto, para que el horrendo crimen de María Claudia García de Gelman (secuestrada en Argentina, traída clandestinamente a Montevideo y asesinada luego de haber dado a luz a Macarena) pudiera considerarse amparado en la caducidad, debería tratarse de una acción que obedecía a móviles políticos y que había sido ordenada por los mandos.

¿Es razonable sostener una tesis así?

Como –obviamente– la respuesta es negativa, la lógica exige que los autores de un acto tan monstruoso se sometan a la Justicia y sufran las consecuencias de su inicua acción.

Mal que le pese al intendente de Cerro Largo, la sociedad uruguaya no percibe honor alguno, ni ideales, ni amor a la patria en esos actos aberrantes.

Está claro que el Poder Ejecutivo no puede pasar por encima del Poder Judicial, por lo que no es posible desconocer una decisión que ordenó archivar el caso.

Pero lo que nadie puede pretender es que el Estado argentino también renuncie a su pretensión punitiva o que la impunidad consagrada en nuestro país tenga efecto sobre los delitos cometidos en el territorio del vecino país.

El Estado uruguayo debe mostrarse respetuoso de las normas; no sólo de la Ley de Caducidad sino, también, de los compromisos, acuerdos y tratados internacionales, entre los que figura la posibilidad de extradición.

No será, quizá, la Justicia uruguaya la que juzgue y condene a los terroristas de Estado.

Pero nada ni nadie puede impedir que los secuestradores, violadores y asesinos uruguayos comparezcan ante los tribunales argentinos. *