Uruguay tiende puentes, Argentina los dinamita

Digamos las cosas como son. Si Uruguay fuera una provincia argentina y Tabaré Vázquez su gobernador, no existirían los reclamos para quitar las papeleras y después de alinearlo al plural de pensamiento único Frente para la Victoria, Kirchner hubiera ordenado inmediatamente la libre circulación en las rutas y nuestro Presidente no habría sido declarado persona no grata por la Asamblea de ciudadanos de Gualeguaychú.

Parece obvio aclararlo, pero Uruguay no es una provincia de Argentina y en la defensa de nuestro derecho soberano como país independiente que elige con autonomía su destino, está la génesis de la madre de todos los conflictos que hoy enfrenta a los países hermanos.

La furia fundamentalista criada en el vientre gualeguaychuense desde el tibio útero de la gobernación entrerriana cuando Busti aspiraba a la reelección prohijó hoy el reclamo que, digámoslo claro, sólo cesará con un hipotético comunicado en el que las empresas Botnia y Ence anuncien que levantan todo y se van. Esa es la condición que nuestros vecinos y hermanos de Entre Ríos han puesto para devolvernos al seno familiar.

Y parece claro, a esta altura, que detrás de ese argumento no sólo hay planteos ambientales.

Incrédulo, pensé que la intervención de un tribunal internacional del prestigio del Supremo Tribunal de La Haya pondría las cosas en su sitio. Así pasó, pero luego de ver reacción y declaraciones de los líderes del movimiento de Gualeguaychú contra nuestro país tras el fallo adverso, no puedo más que volver a sentir preocupación; «es la típica actitud del gordito dueño de la pelota, que se ofende y se la lleva abajo del brazo en medio del partido», comentó con la ironía que lo caracteriza el periodista Jorge Lanata para resumir con claridad la postura de la comunidad de esa ciudad de Entre Ríos. Las frases, declaraciones públicas, amenazas e insultos anónimos que pueden leerse en los foros de internet de los ciudadanos de Gualeguaychú contra los uruguayos en general y contra los ciudadanos de Fray Bentos en particular tras el fallo de La Haya, debería preocupar a las autoridades, las nuestras y las argentinas, porque allí se ve cómo entienden el grado de hermandad nuestros parientes allende el Río Uruguay. Hermandad que se volvió directamente proporcional a los beneficios que obtienen: si a ellos les va bien y ganan, somos sus hermanos del alma. Si pierden, adiós al parentesco.

Que en este tema el 80% de sus hermanos uruguayos confíen en el nuevo gobierno que se encontró con el contrato ya firmado y sólo tiene la opción de aumentar los controles para minimizar las posibles consecuencias ambientales que generen las pasteras, tampoco. Que los invitemos, como se hizo desde un principio, y no ahora como señalan capciosamente, integrar un organismo binacional para un contralor más eficiente del vertido de efluentes de la fabricación de pasta celulósica en el Río Uruguay, tampoco. Y finalmente, que el Tribunal de La Haya les diga claramente por 14 votos contra uno que no hay por qué imponer una medida cautelar sobre algo que todavía no está construido, tampoco los conforma. «Ahora le queda al gobierno uruguayo la responsabilidad del cuidado del Medio Ambiente», gritaron los asambleístas en las horas siguientes a conocer el fallo de La Haya.

Chocolate por la noticia.

¿O a alguien se le cruza por la cabeza pensar que los uruguayos somos una horda de irresponsables que hoy decimos una cosa y al otro día hacemos otra, y que no nos hacemos cargo de nuestras responsabilidades? Tal es la responsabilidad del gobierno del presidente Tabaré Vázquez, que entre seguir los planteos de su fuerza política y respetar los contratos firmados por el país con anterioridad a su asunción, optó por esto último pese al costo político de una interna que en algunos sectores aún le recriminan esa decisión. Pero lo mostró al mundo como un gobierno de izquierda, coherente en un país coherente, y eso le generó el respeto internacional de que hoy goza el gobierno uruguayo.

Por último y para confirmar aún más mi teoría de que no se trata sólo de un reclamo ambiental, el comunicado de la presidencia argentina pidiendo al sistema financiero internacional que no invierta en las plantas de fábrica de pasta de celulosa en Uruguay, es institucionalmente desubicado, profundamente irresponsable y sostenidamente rupturista de cualquier intento de profundización del diálogo entre ambos países. En la misma línea el propio Kirchner amenazó ayer desde una tribuna en Luján, que pese al fallo de La Haya «el diferendo recién empieza».

Ante la desmesura vecina, es destacable la conducta de las declaraciones del Ministro de Relaciones Exteriores Reynaldo Gargano y del Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Mariano Arana al mostrar la posición del gobierno frente al fallo de La Haya.

Frente a la realidad de la firmeza de la postura uruguaya avalada por el supremo tribunal internacional, me embarga el dolor ante la repentina certeza que otra vez, el gobierno de Argentina nos marca la cancha, y en lugar de tender puentes para ganar juntos el juicio de la historia que nos une, prefiere dinamitarlos definitivamente. *