La histórica jornada de El Prado

El cierre de la Exposición Rural fue escenario de una serie de episodios significativos de la situación social, económica y política que vive el país.

Por un lado, los puntos en los que se polarizan las opiniones del gobierno y de la Asociación Rural de Uruguay quedaron expuestos con toda claridad, tanto en la rechifla con que fueron recogidas las palabras del ministro Gonzalo González como en el contenido de la proclama leída por el presidente de la ARU, Roberto Symonds.

Además de la contraposición –en el escenario principal de la muestra– de estas dos opiniones, El Prado fue sede ayer de otra manifestación de protesta convocada por la poderosa Mesa Coordinadora de Entidades Agropecuarias.

La Mesa se expresó a través de un documento leído por Walter «Serrano» Abella, periodista e historiador, quien sintetizó, con particular énfasis, los puntos de vista de la entidad que convocara el domingo a la movilización en la Plaza de los Charrúas.

En los actos sucesivos que jalonaron la fecha quedaron documentadas gran parte de las dificultades, los encuentros y desencuentros de la sociedad uruguaya en este momento singular y crítico.

En un mismo día y en un mismo escenario se congregaron organizaciones sindicales del movimiento obrero tradicional junto con organizaciones de chacareros, organizaciones de cooperativistas de ayuda mutua junto con estancieros.

La ceremonia oficial mostró el malestar y el descreimiento de los sectores rurales más tradicionales y de implantación económica más fuerte.

Que el Poder Ejecutivo no había medido este malestar quedó en evidencia por el ofuscamiento bastante visible, registrado por toda la prensa, del Presidente de la República con el orador y presidente de la entidad organizadora.

La marcha «de los brazaletes negros» tuvo aristas que vale la pena no perder de vista.

Además de las reivindicaciones del sector, la oratoria hizo algunas referencias de orden político que pautan una determinada sensibilidad, que ni el gobierno ni los partidos de oposición deberían perder de vista.

Cuando desde las tribunas de las entidades agropecuarias se hace referencia a la «inmoralidad» de los 934 millones de dólares del déficit público dejado como «herencia» indeseable por la administración Sanguinetti, se está tocando un punto sensible y que atañe a todos.

En un momento el orador se pregunta «¿cuál es un solo ejemplo de solidaridad que empiece por casa?

¿Cuántos diputados y senadores, cuántos intendentes y ministros, cuántos directores de Entes Autónomos, cuántos cargos de confianza, uno solo de ellos propuso bajar su sueldo, suprimir sus privilegios, cuántos, cuántos para acompañar la austeridad en cuyo nombre condenan el bien de nuestras familias?»

En otro tramo de la oratoria, desde la tribuna se denuncia que «el Banco de la República y la Corporación para el Desarrollo dieron 28 millones de dólares a una empresa amiga, cuando con 35 millones habrían solucionado el drama a 7.600 productores que le deben al BROU».

Cuando se denuncia que «sólo una elite importadora bancaria metió en sus bolsillos los resultados de los esfuerzos (de los productores agropecuarios), se llega a la conclusión de que el sacrificio no sólo no valió la pena sino que fue terriblemente injusto», se está incursionando en un cuestionamiento más amplio y abarcativo de todo el modelo económico neoliberal.

Un proceso todavía inconcluso va generando aproximaciones cada vez más estables y profundas en sectores sociales que durante mucho tiempo caminaron por andariveles muy alejados.

Es un indicador, otro, de la hondura de la crisis que atraviesa nuestra economía y nuestra sociedad.

Ahora se anuncia, por parte de las organizaciones rurales y del PIT-CNT la realización el próximo 23 de setiembre, aniversario de la muerte del Prócer, de una manifestación conjunta en el Sauce.

El gobierno deberá escuchar con atención –y sin enojarse– las demandas que surgen de la sociedad.

Y ver, con todos los instrumentos que el poder estatal pone en sus manos, cómo encuentra soluciones a la declarada situación de emergencia social por la que atraviesa el país.