Panorama después de La Haya

El gobierno argentino trata de acomodar su posición ante el revés obtenido por su diplomacia en la Corte Internacional de La Haya.

¿En qué se basó la política de llevar el conflicto ante el Tribunal de La Haya? Seguramente en la intención de intentar desactivar un conflicto, producto de la prédica constante del gobernador Jorge Busti y de un grupo de empresarios turísticos de esa provincia, que se sintieron con suficiente fuerza como para impedir que las construcciones de las plantas se realizaran del lado uruguayo.

Y tanto va el cántaro a la fuente, que se rompe. Es así que la prédica de la supuesta defensa del medio ambiente, del río que se contaminará, de los entrerrianos que morirán por cáncer como consecuencia de los residuos infectos que dejará el trabajo de los emprendimientos pasteros, fue prendiendo en una población abierta a las mejores causas y, de allí, a las medidas de acción directa   impulsadas por el propio gobernador, herido en su orgullo  hubo un corto paso. Comenzaron los dañinos cortes de rutas. Busti, que es un hombre sin límites, no sólo pretendía eso, quería el bloqueo económico de Uruguay.

Desde Buenos Aires, Kirchner y sus ministros observaban sin prestar mucha atención a lo que ocurría en Entre Ríos, pero sin embargo en un momento el gobierno argentino debió enfrentarse a contingencias internacionales. No era solo el corte de rutas, era también la indignación del gobierno uruguayo, la protesta de los chilenos, que veían cómo se cerraban los caminos del comercio internacional, de Brasil   que más allá de su actitud blanda con Argentina, en más de una ocasión planteó una mediación   y la indignación de los gobiernos europeos que no entendían cómo Argentina se oponía a una cuantiosa inversión en Uruguay, y comenzaban a preguntarse sobre las garantías que ofrece ese país para proyectos similares.

Entonces se imponía una salida espectacular para el conflicto. Qué mejor que recurrir a la Corte Internacional de La Haya, donde dirimir el tema, pensando que la argumentación proporcionada por la «correntada» que se había armado en contra de las plantas de elaboración de pasta de celulosa, era adecuada.

Ahora que se conoce el fallo de la Corte Internacional, es interesante observar el proceso argentino que seguirá afectando a los uruguayos, porque allí cunde la irracionalidad sobre el análisis sereno. La Argentina fue la que llevó el tema a La Haya, pero ahora ese rotundo fallo no le es suficiente y, en los hechos, no lo aceptará. Los «ecologistas» de Gualeguaychú, todavía con el envión que les diera el gobernador y los empresarios turísticos, anuncian nuevos cortes de ruta que comenzarían cuando desaparezcan los rigores del frío.

Bloquearán de nuevo a Uruguay, en un acto hostil, gravísimo, que no se menciona por su nombre porque tiene reminiscencias previas a otros tipos de enfrentamientos. Pero se habla además de cosas más graves, como acciones directas contra los puentes, o las plantas. ¿Cómo es posible que los intereses privados de un grupo de empresarios turísticos se impongan a todo un pueblo y dicten además, quiérase o no, la política exterior argentina?

Por otra parte bastó que se conociera la resolución de la Corte Internacional, para que los círculos allegados al presidente argentino dijeran que este no tendría ningún contacto con nuestro primer mandatario, Tabaré Vázquez, pese a que entre los dos se había producido un evidente acercamiento en las últimas semanas.

Parecería que la Argentina se encamina rápidamente a un callejón sin salida, a una situación que puede tener gravísimas consecuencias para el bloque regional.

A nadie se le ocurre que el gobernador Busti a esta altura debería estar renunciando a su cargo, luego de haber impulsado a todo un pueblo a abrazar una causa en contra del fantasma de la contaminación ambiental que solo existe en las versiones torcidas de un grupo de funcionarios mal inspirados. *