¿Se desmorona el pacto de silencio?

Una nota periodística publicada en el día de ayer por el matutino El País maneja una serie de hipótesis acerca de la fuga del ex coronel Gilberto Vázquez y su significación en el cuadro general del tratamiento que el tema de las violaciones a los derechos humanos durantela dictadura ha tenido en este último período.

Para quien desarrolla las hipótesis, según la crónica fuentes allegadas a los oficiales detenidos a solicitud de la justicia argentina, se estaría en la antesala de la ruptura del pacto de silencio que, durante treinta años, bloqueó toda información acerca de lo sucedido durante aquellos años.

También se cree, según las fuentes citadas por El País, que la fuga y captura del coronel retirado Gilberto Vázquez formó parte de una operación de «inteligencia», cuyo «objetivo principal» fue sacar de la órbita del comandante en jefe Carlos Díaz y de los generales, la «responsabilidad» de mantener en sus unidades a los retirados sobre los que pesa el pedido de extradición de Argentina.

La eventual operación habría apuntado a que la fuerza de tierra se pudiera «lavar las manos» respecto al devenir de esos militares y de las futuras detenciones que se pudieran procesar por las distintas causas que se encuentran en los juzgados.

Destacaron que Vázquez, por su formación, pudo ser parte de esa operación y que a cambio el ex integrante del Servicio de Información de Defensa (SID) de la dictadura, puede tener un proceso judicial diferente al del resto de los detenidos.

Dejando de lado las frondosas elucubraciones de los «allegados» a los militares presos, el hecho es que hay un proceso inocultable de resquebrajamiento de los lazos de complicidad que mantuvieron amarrados a los integrantes de los grupos operativos de la represión de los años 70 y 80.

Esas complicidades fueron viables, básicamente, porque sus protagonistas sobrevivieron amparados en el sistema creado por la impunidad. Una situación forzada, construida sobre un «mamarracho jurídico» como es la Ley de Caducidad, que los mantuvo en una situación de privilegios con relación al curso real de los acontecimientos de la sociedad uruguaya.

Unas complicidades, además, que estaban, y están, lejos de terminarse en el perímetro de los ámbitos castrenses. Una amplia gama de políticos, abogados, jueces, fiscales y operadores con poder en los medios de comunicación masiva trabajaron activamente por el mantenimiento de la impunidad.

Tarde o temprano esa situación tenía que terminar. Por obra de los cambios en el terreno internacional, especialmente en la Argentina y, sobre todo, como consecuencia de los cambios que se están produciendo en la sociedad uruguaya.

Una expresión trascendente de esos cambios es el advenimiento al gobierno del Frente Amplio y sus aliados progresistas. A diferencia de las anteriores, la nueva administración se decidió a avanzar en el esclarecimiento de los casos más graves y emblemáticos de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

A partir de ahí, a las solicitudes de extradición formuladas desde Argentina se les dio el curso previsto por los tratados que regulan las extradiciones entre ambos países.

El resquebrajamiento del pacto de silencio vigente desde 1976 ha tocado a su fin.

En realidad sobrevivió por los apoyos externos, sobre todo de dirigentes políticos como Julio María Sanguinetti, que hicieron todos los esfuerzos imaginables para el mantenimiento de la impunidad.

El resquebrajamiento que aqueja a la rama militar de la represión de los años 70 tarde o temprano se extenderá a los civiles, es decir se plasmará en el distanciamiento de los acusados militares con los dirigentes políticos que ambientaron, ocultaron y protegieron las actuaciones de los comandos armados que actuaron en la represión de aquellos años. *