El etanol: una cuestión de estado

Mientras aquí se discutía públicamente a todos los niveles oficiales la situación de «Mr. Z» y sus exabruptos, en Brasil, Mr. Gutiérrez  secretario de comercio de Estados Unidos  allanaba silenciosamente el camino con su par brasileño para suprimir el actual arancel, impuesto por la potencia mundial, a la importación del etanol brasileño, manifestando asimismo «el interés de colaborar con Brasil para patrocinar la producción de etanol (alcohol combustible) y lograr su globalización» (LA REPUBLICA, viernes 9, pág.12). Inscripto ello, por supuesto, en una estrategia de ambos países que ha comenzado a desvelar en el nuestro a los soñadores de «relaciones carnales» y exclusivas con la potencia mundial. Pero sucede que Brasil, además de ser grande territorialmente, piensa también en grande. Por ello, incluso se le tilda de imperialista por parte de algunos.

Brasil comienza a recoger los frutos de una verdadera política de Estado en la materia, iniciada en la década del 70 y con un gran impulso en la década del 80. En efecto, después de la segunda crisis petrolera, Brasil promovió un nuevo impulso a su programa de producción de alcohol carburante. Hasta ese momento la ecuación económica se obtenía con la producción de caña de azúcar en las zonas tradicionales de alta productividad, con una relación por la cual, a un rendimiento agrícola de 100/120 toneladas por hectárea de caña, se correspondía un costo del alcohol equivalente a un barril de petróleo de 30 dólares. Cuando el costo del barril superó los 30 dólares, y en la perspectiva de su crecimiento, Brasil resolvió expandir el cultivo de caña a zonas marginales, con menores rendimientos y costos más elevados, aún cuando a la ecuación económico financiera habría que agregar la dimensión social, por la mano de obra que generaba. Y aún cuando, por aquella época, el mercado de hidrocarburos no siguió linealmente una tendencia alcista, teniendo el país que echar mano a los subsidios para mantener y acrecentar el ritmo de producción, dicha política de Estado le dio finalmente al Brasil sus frutos, estos actuales, de ser el primer productor y exportador mundial de etanol. En este mundo en crisis energética  entre otras tantas  Brasil tiene un factor más de diálogo y negociación con EEUU, creado por el razonamiento y empeño de sus gobernantes en la materia, fueren cuales fueren, durante treinta años. La afirmación de Bush relativa a «la globalización» del etanol es suficientemente contundente en cuanto a las necesidades y sus respuestas.

 

¿Qué ha hecho Uruguay sobre el tema?

Todo lo contrario de Brasil. Aquí no sólo no se apoyó la agroindustria azucarera, sino que directamente se la desmanteló, por una «política de Estado», iniciada durante la dictadura cívico militar y culminada en democracia por Jorge Batlle y ministros «petroleros». Aquí hicieron cosas terribles, como el asesinato del ingenio de Mercedes  el más moderno de Sudamérica en su momento- roto a hachazos por operadores del poder político democrático, con la misma impunidad con la que los del proceso cívico militar mataban y desaparecían gente. Batlle y los «petroleros» nativos decían que el azúcar y el alcohol estaban condenados (ellos decretaron la condena), convirtiendo al Uruguay en el único país del mundo sin agroindustria azucarera. Dicha orientación fue advertida, con propuestas para ser contenida, por la Comisión Especial del Senado para la reactivación de Arinsa o ingenio de Mauá, en Soriano, que produjo en 1986 un extraordinario informe  para la mejor historia parlamentaria  premonitorio en cuanto a lo que está sucediendo hoy, en el país y en el mundo, en materia energética. Decía la Comisión del Senado, «que es imprescindible: a) legalizar la participación de Ancap en el mercado azucarero, fijando una cuota máxima de producción al establecimiento «El Espinillar» (capacidad instalada 12.000 toneladas); b) la iniciación inmediata de la producción de alcohol carburante por parte de Ancap a título experimental, sobre caña de azúcar en «El Espinillar» y sobre sorgo azucarado en Mauá (ingenio de Arinsa), promoviendo el cultivo; c) autorizar a ingenios privados la producción de alcohol carburante, manteniendo Ancap en monopolio la distribución y venta de dicho alcohol, así como la potestad de fijar las características técnicas del producto». Sintetizaba además así la Comisión la idea que motorizó sus trabajos: «La Comisión sostiene que la democracia reconquistada puede solucionar uno de los tantos crímenes económicos que nos legó el régimen de facto, el cierre de Arinsa, estabilizar y dar seguridad al resto de la industria azucarera nacional y empezar a desarrollar una auténtica revolución agrícola en el país, generando riqueza, puestos de trabajo, e independizando al país en un renglón de abastecimiento esencial del que es todavía absolutamente dependiente». (El subrayado me pertenece). Esto fue pensado hace veinte años por aquellos legisladores, intentando que el país practicara una verdadera política de Estado en la materia, dirigida a impulsar el «país productivo con justicia social».

 

La propuesta al día de hoy

Lo que está haciendo Ancap va en la dirección apuntada. Lo esencial se está llevando a la práctica, aún cuando hasta ahora sólo en el norte. No obstante el proyecto sucroalcoholero se deberá extender   para ser eficaz – al resto del país, sobre la base de todos los cultívos sacarígenos, no sólo la caña de azúcar. Los rindes de remolacha y de sorgo dulce que se pueden obtener   unidos a sus ventajas de no ser monocultivos   alientan a continuar en el empeño del ente público, recuperando para el trabajo genuino las zonas azucareras y las instalaciones e infraestructuras   de todo el país   aprovechables. Solos, o mejor con Brasil en el Mercosur, también nosotros podemos salir a vender etanol para la sed energética del mundo. *