Asimetrías en el Mercosur

Sobrada razón asiste a nuestro Presidente cuando afirma que es imperioso reformular el Mercosur ya que tal como está funcionando ahora, Uruguay no obtiene ventaja significativa alguna del acuerdo regional.

En medio del conflicto que enfrenta a Uruguay con Argentina a raíz de la instalación de dos plantas de celulosa, y cuando estamos a cuatro días de que el Tribunal de La Haya emita su fallo sobre la medida cautelar pedida por Argentina, aparece un nuevo nubarrón que ensombrece el abrazo de Caracas.

De lo que se trata ahora es de neumáticos remanufacturados, pero las trabas interpuestas por el país vecino para el ingreso de esa mercadería producida en nuestro país también se basan en razones medioambientales. (Dicho sea entre paréntesis, en este caso las razones medioambientales no son sino un burdo pretexto).

La historia se remonta a unos cuantos años atrás, cuando una empresa uruguaya que se dedica a «recauchutar» neumáticos, a dejarlos a nuevo con el aval del Latu, se vio imposibilitada de continuar exportando su producto a los países vecinos (Argentina y Brasil) en virtud de disposiciones legales adoptadas por éstos por las que –invocando razones medioambientales– se prohibió la importación de dichos neumáticos.

Uruguay recurrió al Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur donde planteó una controversia y reclamó el levantamiento de las restricciones impuestas por los grandes del bloque. El tribunal regional emitió un fallo favorable al reclamo uruguayo, señalando que la disposición que prohibía el ingreso de neumáticos era incompatible con los principios jurídicos del Mercosur, además de desestimar los argumentos absurdos de que el producto afectaba al medioambiente.

Brasil acató la decisión del órgano jurisdiccional, pero Argentina –que, por orden del tribunal, debía dejar sin efecto la interdicción en abril de este año– hizo caso omiso y mantiene en todos sus términos la prohibición de ingreso de neumáticos remanufacturados, medida que afecta también a Paraguay, el otro socio menor del bloque.

Hasta aquí, una relación suscinta y objetiva de los hechos. Pero el caso deja al desnudo una postura argentina que en nada ayuda a la consolidación del bloque. Se podrá argüir que en definitiva la cifra de negocios de la empresa afectada es insignificante; pero no se tiene en cuenta que la situación implica la zozobra de un número considerable de trabajadores que ven peligrar su fuente laboral en razón de que prácticamente toda la producción está destinada a la exportación.

Y más allá del hecho puntual, lo que resulta alarmante es el no cumplimiento de parte de Argentina de una decisión jurisdiccional. El desconocimiento de las resoluciones de los tribunales arbitrales es particularmente peligroso y puede sentar un precedente nefasto si no hay una reacción firme de todo el bloque exigiendo a Buenos Aires el acatamiento del fallo.

Como queda dicho, más allá del caso concreto, estamos ante una cuestión de principios. El gobierno argentino debe revisar su conducta y corregir esta grosera irregularidad. El gobierno uruguayo, por su parte, debe reclamar con serenidad pero con firmeza que todos los países miembros del Mercosur acaten las resoluciones de sus organismos jurisdiccionales. Que no haya hijos y entenados, que no haya «grandes y chicos»; sobre todo, cuando los «grandes» hacen valer todo su peso para obtener beneficios o privilegios en desmedro de los «chicos» y no vacilan en perjudicar sus frágiles economías. *