El informe de la Facultad de Ciencias
La inoportunidad del informe sobre una investigación elaborada por la Facultad de Ciencias es evidente, y su publicación tiene un papel a jugar, sin ninguna duda, en el tira y afloje que comenzará a dilucidarse dentro de unos días, cuando la Corte Internacional de La Haya comience a dar a conocer sus decisiones sobre las pasteras que se levantan en la zona de Fray Bentos.
Por supuesto que no es nuestra intención cuestionar a los medios de prensa que hicieron público el trabajo (al parecer una revisión bibliográfica, sin respaldo experimental riguroso comprobable alguno), que se dio a conocer en el momento en que los jueces de de la Corte de La Haya analizaban los distintos aspectos del tema.
Un trabajo, eso sí, a tener en cuenta para ahondar líneas de investigación, para adoptar recaudos y tener cuidados estrictos en la defensa del medio ambiente, pero de ninguna manera un señalamiento de lo que ocurrirá en definitiva en esa zona del río Uruguay cuando se pongan en funcionamiento las plantas que elaborarán pasta de celulosa.
Una revisión bibliográfica es eso y nada más. Se trata de un trabajo empírico, de una puesta al día de lo que ocurre en algunos casos, tomados como ejemplos de otros países, que se trasladan a nuestra realidad, como si aquí se fueran a repetir automáticamente, determinando contingencias que leyendo lo expresado parecerían catastróficas.
¿Por qué ocurrió todo esto? Está muy bien que la Facultad de Ciencias haya realizado un esfuerzo para ponerse al día en la problemática y, eventualmente, realizar trabajos de campo para medir los impactos ambientales. Se trata de una entidad científica prestigiosa, con investigadores de alto nivel.
Pero no entendemos por qué este apresuramiento de hacer público un trabajo previo, difusión en la que jugaron evidentemente intereses contrapuestos. El o los periodistas que estuvieron presentes en la reunión del Consejo de la Facultad en donde se trató el tema, fueron convocados por alguien, interesado en que la revisión bibliográfica saliera a luz, aunque ese hecho por sí solo, fuera de contexto, provocara alternativas negativas difíciles de predecir.
Aquí juega una cuestión de responsabilidad institucional, porque el resultado de ese trabajo se debió dar a conocer abiertamente, no sólo a «algún» periodista, y además informar que se trataba de un análisis limitado, previo, que abre caminos para un trabajo de campo más profundo y detallado.
Lo ocurrido, en definitiva, es lamentable y por supuesto fue utilizado por el gobierno argentino para tratar de influir en la Corte Internacional de La Haya, adonde debió enviar cantidad suficiente de fotocopias sobre el resultado de esa revisión bibliográfica con resultados favorables, cuando se toma la información tal como se obtuvo y se informó, a los intereses argentinos.
Por supuesto que no queremos aparecer aquí como planteando cortapisas a la información, que cuando se tiene, debe darse. Sino que nos importa dar nuestra opinión sobre el significado que puede tener un informe menor, parcial, sin trabajo de campo, basado en experiencias ajenas, sin que esto se aclarara bien y sin que se dijera que se trataba de eso y nada más.
El que tiene que medir la oportunidad de dar a conocer un trabajo de esta naturaleza es el organismo que lo elabora que, además, tiene que completar la información haciendo pública su naturaleza. No es adecuado sostener como alguien lo hizo que se trató de un «excelente trabajo», cuando es nada más que el comienzo de un análisis que debiera continuar para confirmar, sobre el terreno, si las aventuradas afirmaciones que allí se realizan son de recibo.
Lo que no podemos aceptar (ni creer) es que alguna persona, por intereses subalternos, haya tratado de magnificar este trabajo, actuando como informante de la prensa, dando a conocer que el tema sería tratado en el Consejo de la Facultad, para provocar el efecto indeseado que se ha producido.
Sería muy grave, extremadamente grave, si se confirmara. *
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