Aprobación de un tratado en defensa de los derechos humanos
Reviste una gran importancia la decisión adoptada en la jornada del miércoles por el Senado de la República al aprobar el proyecto por el que se establecen normas para efectivizar la cooperación con la Corte Penal Internacional (CPI) en la lucha contra el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
El tratado que sostiene también la existencia de la Corte Penal Internacional con sede en Roma está llamado a ser un instrumento jurídico de gravitación en la defensa de los derechos humanos. La aprobación por parte del Senado es un nuevo paso en el proceso que el país viene cumpliendo de actualizar su legislación al ritmo que en el campo internacional se viene dando para crear una red jurídica de amplio alcance al servicio del derecho humanitario.
Entre otros elementos claros el tratado establece en su artículo 7º «la imprescriptibilidad de los crímenes y delitos que se propone legislar tomando como referencia además de la gravedad de los delitos como elemento determinante lo dispuesto en la Convención sobre imprescriptibilidad de crímenes de guerra y lesa humanidad que fuera adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas del 26 de noviembre de 1968, y que fuera aprobada por Uruguay»,
Una gran parte de los países de nuestra región han suscrito el Tratado de Roma que forma parte de las respuestas que el mundo civilizado apunta a darle a la inhumana experiencia de los regímenes de terrorismo de Estado que asolaron el Cono Sur de América en los años setenta y ochenta.
Siendo que el país ha padecido los atropellos del accionar despótico de los gobiernos dictatoriales, resulta un factor sumamente positivo para Uruguay el hecho que desde el orden institucional se sigan fortaleciendo los lazos que unen a nuestro país con los más avanzados en ese terreno del derecho internacional humanitario.
A la vez, resulta una paradoja muy característica de los tiempos que vivimos el hecho que EEUU se haya opuesto y todavía se oponga de manera militante a la concreción de ese tratado.
Como ha escrito recientemente Matthew Dimmock: «Estados Unidos ambiciona que los temas de la paz y la justicia internacionales sigan siendo responsabilidad del Consejo de Seguridad, al cual puede controlar, y así poder definir los límites de la justicia y sólo promover casos que tengan ventajas estratégicas o de otro tipo para los Estados Unidos, mientras ignora otros en los cuales podría estar comprometido. Además, el imperialismo y la agenda empresarial de la globalización pueden seguir como hasta ahora a expensas de los derechos humanos y el desarrollo sustentable.
Es comprensible que Bush considere que la perspectiva de una Corte Penal Internacional es ‘muy preocupante’. Dirigiéndose a la prensa el 2 de julio pasado, expresó su temor de que ‘mientras los Estados Unidos trabajan para traer la paz a todo el mundo, nuestros diplomáticos y nuestros soldados podrían ser arrastrados ante la corte’. Es increíble.
¿Cuál es la forma en que Estados Unidos planea traer la paz a todo el mundo que hace que Bush le tema a un organismo internacional también dedicado a la paz y la justicia?
En la medida en que no tiene que rendir cuentas ante los Estados Unidos y sus ‘intereses nacionales’ y objetivos de política exterior, la creación de la Corte Penal Internacional arroja incertidumbre y temor entre la elite política de los Estados Unidos.
Y con razones, elocuentemente explicadas por Bolton, actualmente subsecretario de Estado: ‘Una lectura justa del tratado lo deja a uno incapaz de responder con seguridad si puede ocurrir que los Estados Unidos sean ahora acusados de crímenes de guerra por el uso legítimo pero controvertido de la fuerza para proteger la paz mundial. Ningún presidente de los Estados Unidos o sus asesores tendrían la garantía de estar inequívocamente a salvo de acusaciones politizadas que quieran endilgarles responsabilidad penal'».
La actitud del gobierno de los EEUU frente al Tratado de Roma dice mucho acerca de sus intenciones y sus hechos en el campo internacional. *
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