Ecos de una fuga insólita e inconveniente

La apacible tarde invernal se vio conmovida por la insólita noticia de la fuga del ex coronel de Caballería Gilberto Vázquez del edificio del Hospital Central de las Fuerzas Armadas de la Avenida 8 de octubre.

El episodio connota, por lo menos, dos tipos de cuestiones. Por un lado las que remiten a las responsabilidades inmediatas y actuales de quienes tenían bajo su custodia al oficial detenido. Nos referimos a los mandos respectivos del Ejército, de la Región Militar N º 1 y del Hospital Militar.

Sobre el punto resultan por demás ilustrativas del estado de ánimo que ayer reinaba en filas de la conducción frenteamplista las palabras del diputado del Frente Amplio Luis Rosadilla, hasta hace relativamente poco tiempo presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados.

El legislador del MPP opinó que «la fuga es de enorme gravedad porque Gilberto Vázquez era responsabilidad del Ejército». Agregó que sintió bronca cuando se enteró de la noticia. Para el legislador, Díaz es responsable y no culpable de los hechos. Y es una actitud que corresponde el poner su cargo a disposición del presidente, como hizo.

Más adelante, Rosadilla señaló que «hay responsabilidades funcionales, institucionales y políticas: Alguien tiene que explicarnos cuál era el dispositivo que se había instrumentado a los efectos de mantener a estos militares en prisión. (…) Hubo una decisión de mantener a estos ex militares bajo la vigilancia de las Fuerzas Armadas, en este caso del Ejército. Eso fue una decisión institucional y hay (responsabilidades) de tipo político, entre las que me incluyo. Porque tenía bastantes suspicacias en esta situación. En algún momento lo dejé traslucir o lo planteé como inquietud en algún ámbito, pero nunca tuve la suficiente firmeza y la suficiente iniciativa como para hacer de esto una cuestión más firme, más pesada», lamentó.

Visto desde otro ángulo, resulta significativa la decisión asumida por el oficial hasta ayer detenido a solicitud de la Justicia argentina.

Como se recordará, Gilberto Vázquez aparece nombrado reiteradamente en los testimonios que remiten a las actuaciones de militares uruguayos en Argentina, durante la vigencia de los acuerdos que hicieron realidad el Plan Cóndor.

Varios testigos ante distintas sedes judiciales han señalado la presencia de Vázquez en el local de Automotores Orletti y luego en los locales clandestinos de detención de Montevideo en los que operaban el SID (Servicios de Información de Defensa) y la OCOA (Organo coordinador de actividades antisubversivas) estructuras del aparato estatal que habrían tenido la responsabilidad del secuestro, entre muchos otros casos, de María Claudia García de Gelman, de la apropiación de su bebita y de la posterior desaparición de la joven.

Hasta el momento, el ex coronel se mantenía en la negativa más hermética. El brusco giro de la situación personal del implicado que entraña su fuga, forma parte de las averiguaciones y decisiones que deberán sustanciar las autoridades. Como resultado inmediato el sistema de confianzas construido a partir de los mandos superiores actuales se ha quebrantado generando una situación de incertidumbres por demás inconvenientes. No es un asunto menor, tendiendo en cuenta los antecedentes.

La fuga ha perjudicado no solo el propio expediente del ex coronel. También el de los demás oficiales sometidos a la prisión administrativa a partir de la demanda de la Justicia Argentina.

De todos modos quedan en pie las amargas e ilustrativas conclusiones que deja el episodio. Todas ellas apuntan a mostrar las complejas aristas que, en las instituciones sobre las que se asentó, ha dejado el largo ciclo de la impunidad. *