El gobierno entre dos fuegos

Una de las primeras medidas que implementó el gobierno al asumir el 1 de marzo de 2005 fue la convocatoria a los consejos de salarios, esto es, la reinstauración de la negociación colectiva en el ámbito de las relaciones laborales.

Concomitantemente, el Poder Ejecutivo dejó sin efecto el decreto que habilitaba a la fuerza pública a desalojar los lugares de trabajo que hubieran sido ocupados por los trabajadores como medida de lucha complementaria.

Ambas medidas –sobre todo esta última– levantaron una considerable polvareda en la oposición política y en las clases consevadoras y sus voceros.

Se alzaron voces alarmadas y alarmistas que no vacilaban en sostener que los consejos de salarios atentaban contra el desarrollo, detenían el crecimiento de la economía y ahuyentarían a los inversores extranjeros. Una catástrofe de proporciones se abatiría sobre el Uruguay. Claro, afiliados a las recetas neoliberales y desreguladoras, los representantes de la derecha vernácula pretendían que se mantuviera la flexibilización laboral que desde el gobierno del doctor Lacalle se había querido imponer como una condición sine qua non para el crecimiento.

De acuerdo con dicha concepción neoliberal, el mercado es el único capaz de regular toda la economía e incluso las relaciones sociales. De ese modo, se corta el hilo por lo más delgado pues las leyes del mercado no son dictadas por un parlamento donde prevalece el espíritu humanista sino por el interés de los poderosos, y quien lleva todas las de perder es el asalariado, es decir el más débil y vulnerable.

Con las medidas tomadas por el gobierno actual –y otras en el mismo sentido–, quedó claro que, a pesar de manejarse dentro del sistema capitalista, el gobierno progresista estaba dispuesto a dar un viraje importante en la política laboral diseñada por los gobiernos anteriores. Prueba de ello es la resistencia enconada que todas esas medidas encontraron en las cámaras empresariales, corporaciones que siguen batallando para lograr que el gobierno revea y corrija el rumbo.

Ahora bien, mientras la derecha sigue implacable con su bombardeo contra el gobierno, éste también ha empezado a recibir fuego graneado desde la otra trinchera.

A nadie escapa el grado de deterioro a que había llegado el nivel salarial de los uruguayos merced a una política económica nefasta y, fundamentalmente, a la crisis de 2002. Salarios depreciados, desempleo y actividad sindical desprotegida era la tónica al asumir el gobierno progresista. Es explicable, entonces, que las grandes masas postergadas, los eternos perjudicados por la política neoliberal, aspiren a mejorar su condición y reclamen a las autoridades medidas urgentes para paliar la situación y empezar a emerger.

Lo que no se explica es la intransigencia que últimamente están exhibiendo algunos gremios. Sus reclamos son justos pero no justifican las medidas extremas adoptadas. Sus reivindicaciones son legítimas pero no son legítimos los medios empleados algunas veces para lograrlas.

Se tiene la impresión de que ciertos gremios han olvidado que el gobierno está abocado a mejorar la condición de los asalariados, sobre todo de los más sumergidos, y que, a la vez que encara una política tendiente a crear fuentes de trabajo genuinas, también hace lo posible por aliviar las penurias actuales con medidas de corto plazo.

Entendemos que el movimiento sindical debe reflexionar sobre esto y que, sin abdicar de su independencia ni de sus legítimas reivindicaciones, tome conciencia de que, por primera vez en muchas décadas, hay un gobierno que mira por los intereses de los más infelices. Un gobierno que no es su enemigo. *