Derechos Humanos: un avance a destacar

Los pronunciamientos realizados ayer en el ámbito internacional y en escenarios totalmente distintos tienen en común el hecho de reafirmar concepciones en el terreno de los derechos humanos.

La primera, por su importancia universal, es el pronunciamiento del recientemente creado Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

De acuerdo con lo que informa la prensa bonaerense en relación a esta iniciativa, impulsada conjuntamente por Francia y Argentina, la aprobación de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas constituye un instrumento jurídico que, además de establecer que es un delito de «lesa humanidad», obliga a los países signatarios a prevenirlo y castigarlo penalmente y también a buscar a los desaparecidos y otorgar reparaciones a las víctimas.

«Es un avance contra la impunidad en todo el mundo», destacó el canciller Jorge Taiana. Marta Vázquez, integrante de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, estuvo en el momento en que la iniciativa fue aprobada y recibió la ovación de todos los presentes.

La desaparición forzada es tipificada como un crimen de «lesa humanidad» en la Convención y reconoce el derecho de todas las personas a no ser víctimas de ese delito, a la vez que reafirma el derecho a la verdad, la reparación y la justicia. Los países que la suscriban tendrán, por consiguiente, la obligación de buscar a los desaparecidos y reparar a las víctimas. Deberán, además, prevenir y sancionar penalmente las desapariciones.

«Estoy muy emocionada. Nos llevó 23 años obtener la aprobación de esta Convención», contó a Página/12 Vázquez  madre del viceministro de Defensa, José María Vázquez Ocampo  y celebró que «se va a terminar la impunidad y la desaparición forzada de personas porque los países se van a sentir observados y obligados a responder por ese delito».

El otro acontecimiento en este terreno tiene que ver con la política militar de los Estados Unidos en el agitado campo internacional, en momentos en que arrecian las denuncias frente a los desmanes de todo tipo de que son víctimas los prisioneros encarcelados en Guantánamo.

Sobre el grave asunto, el gobierno de los EEUU ha hecho caso omiso a toda clase de denuncias y reprobaciones. El pronunciamiento de la Suprema Corte remite a esta problemática y sobre el punto su resolución resulta absolutamente clara.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos, por cinco a tres, se ha transformado en un nuevo obstáculo para la política que desarrolla el presidente Bush, al fallar que las comisiones militares de excepción montadas por el Pentágono para dar una apariencia de juicio a presos de Guantánamo no responden ni al derecho internacional que protege a los prisioneros de guerra, ni al sistema estadounidense que proclama la separación de poderes y el derecho a un juicio justo.

Resultan interesantes las conclusiones a las que arriba el matutino madrileño El País, aunque la última afirmación resulta excesivamente elogiosa y optimista; dice en su editorial de ayer: «Esta sentencia (…) lleva a la conclusión de que los presos en Guantánamo han de ser considerados como prisioneros de guerra, protegidos por las Convenciones de Ginebra, y no como ‘combatientes enemigos’ en el limbo legal que pretende la Administración Bush con unos poderes que hizo votar al Parlamento una semana después de los atentados del 11 de setiembre de 2001. Éste es el mayor recorte de poderes presidenciales impuesto por el Tribunal Supremo desde la II Guerra Mundial, y demuestra que la democracia estadounidense no extiende cheques en blanco».

Se trata indudablemente de un paso importante hacia un respeto mínimo de los derechos de los presos en poder de las Fuerzas Armadas de los EEUU. *