Rendición de cuentas y reforma tributaria

En los temas de la agenda de discusión gubernamental próximos a definirse, hay cosas que merecen aportes de reflexión.

La Rendición de Cuentas (RC) 2005 y la Reforma Tributaria (RT) tienen plazos paralelos, uno constitucional y el otro técnico, porque la RT que se apruebe requiere organizar la administración para que opere desde enero 2007.

La Ley de RC, debe ilustrar sobre la ejecución presupuestal y financiera de 2005 y puede introducir cambios en la Ley de Presupuesto Quinquenal aprobada en diciembre pasado. Esto último es una facultad lógica, también constitucional, que acepta que la gestión concreta de los organismos es sometida, cada año, a la «realidad» y siempre tiene variantes respecto a lo que mejor se haya podido «presuponer» cuando se aprobó el Presupuesto. Hay variantes reales, además de la variantes derivadas de la tasa de inflación interna y de la tasa de cambio de las monedas extranjeras. Son variantes, inevitables en cualquier programa o proyecto, que exigen cambios para que el rumbo del resto del quinquenio presupuestal no se desvíe de sus objetivos o cuando haya razones válidas para modificarlos.

Podemos pensar, por ejemplo, que el Plan de Emergencia Social que administra el Mides no podrá culminar con los dos años de asignaciones incluidas en el Presupuesto Quinquenal. Quizás, porque aún la recuperación económica no logra derrotar a la alta tasa de desempleo, o porque la idea del desarrollo productivo podría no tener respuestas de corto plazo sin lograr tomar la «posta» en el escenario de la emergencia social.

También pensemos en las inversiones públicas, que el Presupuesto Quinquenal tuvo que dejar en muy bajo nivel por restricciones financieras.

Y, por último, habrá que considerar la lista de demandas institucionales que el MEF prometió el año pasado atender con esta próxima Rendición.

Y en paralelo, la Reforma Tributaria.

El desplazamiento de los gobiernos históricos, explica que en el breve lapso de marzo a junio de 2005 no se pudiera tener la propuesta tributaria en oportunidad del estudio y aprobación del Presupuesto Quinquenal.

Veamos. La sociedad paga tributos para financiar la gestión pública y el desarrollo del país, y la gestión pública implica principalmente lo social: educación, salud y seguridad y las inversiones en infraestructura básica: energía, comunicaciones, transportes, vivienda, administración del recurso agua y del medio ambiente. Por eso creo que este año, la RT da la oportunidad de incluir en sus decisiones, la manera de generar recursos que complementen a la Rendición de Cuentas, para atender esas áreas esenciales que no pudo contemplar satisfactoriamente el Presupuesto Quinquenal aprobado.

La discusión técnica y política a la que asistimos sobre la Reforma Tributaria, me suma a las opiniones públicas del economista Alberto Couriel respecto al Impuesto a la Renta Personal, que trata en forma desigual a la renta del trabajo y del capital, y propone algo muy inequitativo al rebajar el IR Empresarial y prácticamente eliminar el Impuesto al Patrimonio. Es notorio que la propuesta del equipo económico basa la expectativa del avance del país en: a) la atracción de inversiones extranjeras, que, al mismo tiempo de servir al desarrollo productivo significa el ingreso al país de moneda extranjera, compensando el déficit de balanza comercial que el dólar «barato» genera a pesar del aumento de la factura exportable; y b) motivar a los inversores nacionales con incentivos tributarios tales como: bajar del actual 30%, hasta el 25%» el IR empresarial; no gravando los ingresos por intereses ni dividendos, bajando a nivel irrisorio el impuesto al patrimonio y situando en 10% como tasa única las rentas de alquileres.. Señalo y no me detengo en esto, que no todas las inversiones extranjeras son sectorialmente buenas y marco por ejemplo las inversiones en tierras. Pero creo que aumentar la «capacidad de ahorro para invertir» a los actuales capitalistas nacionales, no necesariamente asegura inversiones productivas y convenientes para el país. Existen, en el mercado abierto, poderosas seducciones que invitan a colocar dinero en los modernos «productos financieros» que se ofrecen hoy en día.

Hay que definir políticas que «orienten» al inversor local, en lo que se conoce como «inversiones a riesgo» en procesos productivos. Y traigo a recuerdo la experiencia de Brasil, en las décadas del 60 y 70, cuando promovió la forestación y el turismo, ofreciendo a los empresarios que pagando el 100% del IR le entregaban un bono por el 20% de lo pagado, que él podría aplicar como valor efectivo a proyectos de inversión en alguno de esos dos sectores. Esa promoción funcionó, al punto tal que en 20 años Río Grande del Sur pasó de importador de manzanas argentinas y uruguayas a productor autosuficiente para el consumo interno y exportador al resto del Brasil y al exterior. Otro tanto ocurrió con la infraestructura del turismo interno del país. Se me ocurre preguntar: ¿Qué nos impide en Uruguay, mantener la actual tasa impositiva empresarial en el histórico 30%, destinando el 5% que se propone bajar como monto de reserva del mismo contribuyente, que podría aplicarlo, según su opción, a proyectos de inversión en sectores que la OPP y los organismos pertinentes definan como prioritarios para el desarrollo productivo, generador de empleo? Y esto es solo un ejemplo de política económica «proactiva», de las varias que podrían surgir de muchos economistas y técnicos pro gobierno o de otros sectores, para enriquecer algo de lo que ofrece erróneamente como lo único posible, la propuesta económica del MEF. *