El absurdo paro del transporte

De nuevo ayer los montevideanos nos quedamos sin transporte colectivo. Los ómnibus de todas las empresas paralizaron sus recorridos por la muerte violenta de un trabajador que, luego se supo, había sido producto de un crimen pasional perpetrado, sin duda, por un enajenado.

Ello motivó que otra vez el servicio esencial que es el transporte colectivo de Montevideo, que sirve masivamente a una sufrida población, especialmente a los sectores trabajadores, paralizara sorpresivamente su actividad impidiendo a la gente llegar a tiempo a sus trabajos, quizás perdiendo jornales, trastornando el funcionamiento de las empresas, distorsionando la propia economía y, en muchos casos, determinando que ancianos, niños, enfermos, personas con dificultad para sus desplazamientos, generalmente los más humildes de la sociedad, se quedaran sin posibilidades de movilizarse en la ciudad.

Los ejemplos sobre el significado del paro de ayer, y de los anteriores que tampoco tienen una justificación lógica dentro del mecanismo de una protesta, son múltiples y todos llevan a señalar a la medida aplicada como de una superlativa irresponsabilidad.

¿Es que los que sacaron los ómnibus de las calles, dejando a pie a los ciudadanos, creen que con ese tipo de medida le devolverán la vida al trabajador asesinado por causas ajenas a su condición laboral, en un incidente donde era irrelevante que la víctima fuera o no un trabajador del transporte público de pasajeros? O, en los paros anteriores, ¿estiman que deteniendo los servicios esenciales que cumplen, lograrán detener el vandalismo, la violencia y hacer que los asesinos, generalmente afectados por la «maldita pasta base», dejen de hacer sus fechorías?

Por supuesto que el derecho a la huelga está consagrado en la Constitución de la República, y desde esta páginas siempre lo hemos defendido, porque es el mecanismo adecuado que poseen los sectores del trabajo para proteger sus reivindicaciones de fondo, cuando las mismas no logran establecer acuerdos en los tramos de la negociación.

Pero, ¿qué tiene que ver el derecho de huelga con la paralización del transporte que ocurre cada vez que un hecho de sangre afecta a un trabajador? ¿Por qué es la población montevideana la que debe pagar las consecuencias, quedándose sin transporte colectivo, por una acción criminal que se produce por factores multicausales que no tiene sentido enumerar aquí?

Es evidente que los responsables de lo que está ocurriendo con este servicio que es, evidentemente, esencial, se han pasado de la raya, cayendo siempre en el facilismo de abandonar el trabajo ante una nueva contingencia, aunque esa medida sea el absurdo corolario de una irresponsable práctica que nunca ha llevado a nada. ¿Para que sirvió el paro de ayer? Sólo para provocar trastornos en la población, para que muchos otros trabajadores perdieran jornales, para que otros debieran caminar kilómetros para llegar a sus lugares de trabajo, para que las escuelas y los liceos se vieran raleadas de alumnos.

Nos parece que el Ministerio de Trabajo o el de Transportes y Obras Públicas deben tratar de torcer con medidas concretas esta irresponsable práctica, este sinsentido absurdo, que no tiene ningún objetivo, como no sea el de trastornar a una población indefensa y tranquila, que se indigna, pero que debería repudiar de manera más contundente estas prácticas que nada tienen que ver con las luchas reivindicativas.

Decir que esa medida busca solucionar problemas de seguridad, es casi una burla a la inteligencia de los montevideanos, de todos aquellos que ayer se encontraron de improviso si poder ir a cumplir con sus obligaciones.

Un argumento absurdo para encubrir una evidente irresponsabilidad. *