No más "santuarios" de impunidad

Ante el fuerte apoyo que recibió la posición de Argentina y Francia en Ginebra de encabezar junto a otros países, entre ellos Uruguay, un proyecto para declarar «crimen de lesa humanidad» la desaparición forzada de personas y establecer la «jurisdicción universal» para juzgar este delito, militares retirados del ejército volvieron a la escena pública para desafiar a los gobiernos, tratando de mantener las coordenadas de su histórica impunidad.

Esto no es todavía ostensible en nuestro país, donde el comandante del Ejército se ha limitado a opinar sobre la mejor manera para evitar la extradición de los militares y policías detenidos a Argentina, afirmando que el camino es juzgarlos en Uruguay. Sin embargo, de refrendarse la resolución planteada en la Comisión de Derechos Humanos que se reunió en Ginebra, Uruguay también dejaría de ser un «santuario» de impunidad para estos tristes personajes que, sumados a otros, utilizando como escudo al Estado nacional, cometieron todo tipo de tropelías contra los seres humanos.

De aprobarse la propuesta y de extenderse al mundo como Ley universal, todos aquellos que cometieron estos delitos de lesa humanidad, serán pasibles de persecución y detención en cualquier país del mundo vinculado a las Naciones Unidas. Es una medida que dejará aislados a los violadores de los derechos humanos y, en alguna medida, sirve para poner punto final a la polémica que está tomando cuerpo en Uruguay al iniciarse una campaña por la derogación o anulación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.

El PIT-CNT encabeza una campaña que busca la anulación o derogación de la referida norma legal. Sin embargo, para juristas del más alto nivel, esa medida no determinaría por sí sola el fin de la impunidad y el castigo de los culpables, porque es evidente que existen otros extremos legales a considerar, como la prescripción de los delitos que marca el propio Código penal general y las dificultades que existirían para producir prueba suficiente como para llevar ante los jueces a los presuntos responsables.

Por supuesto que en este tema hay más de una biblioteca y para los impulsores de la derogación o anulación de la Ley de Caducidad, ese mismo hecho tendría un elemento simbólico muy difícil de desdeñar. Han pasado muchos años en la lucha por la verdad y la justicia en Uruguay, sin que nunca un solo militar o policía haya sido penado por haber violentado todas las normas de convivencia humana.

Personajes siniestros, funcionarios públicos (militares y policías), que fueron entrenados para torturar y extraer en interrogatorios salvajes las «verdades» que ellos querían oír. Funcionarios públicos (militares y policías), que también asesinaron, y trataron luego de encubrir su barbarie enterrando cuerpos tras capas de hormigón en predios militares. Funcionarios públicos (militares y policías), que hoy gozan de sus jubilaciones como si fueran ciudadanos normales, cuando fueron terroristas de Estado.

No es necesario que sigamos enumerando esas enormidades, pero nos preguntamos: Para que tantos años después de la barbarie se haga Justicia, ¿es necesaria la derogación de la Ley de Caducidad, o lo que vale es la decisión política de que ello ocurra?

Es un tema que todos los uruguayos deberemos dilucidar. Ya el gobierno se ha manifestado en contra de la derogación, pero a la vez, su actitud en torno a las extradiciones es bien clara y está determinando que la Justicia comience a aparecer.

Por otra parte, la resolución de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tiene una importancia capital, pues si algunos delitos de lesa humanidad no caducan en el tiempo, todos los responsables de aquellas aberraciones quedarán expuestos a la acción judicial.

Finalmente, por una decisión política a nivel ecuménico, y otra coincidente a nivel del gobierno uruguayo, comenzará a desaparecer lo que hasta hace poco tiempo era un santuario de impunidad. *