Consensos: un submundo que golpea

Inauguré días atrás en nombre del Ministerio de Trabajo el Congreso Latinoamericano de Empresas Suministradoras de Mano de obra. Destaqué entre otros temas: la descentralización empresarial, tercerizaciones, subcontrataciones, suministradoras de mano de obra, empresas unipersonales, responsabilidades sociales. Aspectos sobre los que hay que reflexionar, vinculándolos a la necesidad de los indispensables consensos de cualquier sistema político para su normal funcionamiento.

Incuestionablemente que todas esas políticas e instituciones cuentan con el acuerdo necesario que les da legitimidad, basada en la normativa jurídica que les ampara y en el cumplimiento de los objetivos y fines para las que fueron creadas. Es necesario también otro consenso de contenido diametralmente opuesto. Refiere a las consecuencias negativas para las condiciones de trabajo que se originan cuando esas políticas o instituciones son desvirtuadas en sus objetivos por inescrupulosos que actúan pensando sólo en lograr la máxima rentabilidad a cualquier costo, importándoles muy poco las desastrosas consecuencias que se originan por tales conductas: sustitución de trabajadores permanentes por trabajadores contratados temporalmente, la de huelguistas o de quienes están en el seguro de paro. Ni que hablar del encubrimiento como trabajo autónomo de lo que es una clara dependencia laboral a través de la figura de empresas unipersonales «truchas». A lo que agrego la dilución de responsabilidades legales y sociales, que se concreta en pérdida de derechos laborales y de seguridad social, originando exclusión social. Porque en esas complicadas relaciones de trabajo, ¿quién es el responsable, qué clase de responsabilidad: solidaria, subsidiaria? Todo esto forma parte del submundo al que refiere el título.

Consenso entonces acerca de lo que significan para el país empresarios honestos, la enorme mayoría, cumplidores de la normativa vigente. Consenso también en que los inescrupulosos promovedores del «submundo que golpea» no deberían existir. Le hacen mal al país, a los trabajadores y al resto de las empresas cumplidoras, compitiendo deslealmente con ellas. No está de más reconocer que el propio Estado, desde muchos años atrás, ha sido cómplice y actor en la aplicación de la normativa cuestionada. Ha disminuido sin duda, pero no es fácil su eliminación inmediata y total.

Se está evaluando y actuando sobre la situación. La presentación al Parlamento del proyecto de ley sobre subcontratación y responsabilidad y de servicio doméstico, la modificación de la normativa sobre empresas unipersonales, la sanción de la ley sobre inclusión social, son pruebas. Se trabaja además con el Ministerio de Educación para afirmar el concepto de la centralidad del trabajo como dignificante del ser humano, lo que es clave de futuro.

Impulsamos como política de Estado, la generación de una cultura de responsabilidad tendiente «no sólo a recaudar sino a incluir socialmente» a los excluidos. La coordinación entre la DGI – BPS- MTSS – Dirección de Aduanas va en esa línea.

Consenso también para eliminar situaciones que erosionan la legitimad estatal y los derechos ciudadanos, consecuencias del submundo. «Se les despedía de vez en cuando. Luego se les volvía a contratar. Millares de hombres vivían así con el miedo de perder su trabajo. Y después de mucho tiempo en la misma empresa, cuando ya no era posible seguir aplazando su inscripción regular, se les despedía definitivamente. Consecuencia: todo el mundo conspiraba para burlar la ley». No es Uruguay, aunque en algún aspecto podría serlo. Es Calcuta, decenas de años atrás. ¿El autor? Dominique Lapierre. ¿El libro? La Ciudad de la Alegría. Fenómeno globalizado y complejo, ¿no? Los economistas le llaman el «ciclo de la miseria». Contra eso pretendemos actuar. *