El pundonor de los centuriones

Es lógico que cuando una persona es indagada por la Justicia (o por la Policía) por su presunta vinculación con algún hecho delictivo, la primera respuesta sea la negativa. Nadie en tales circunstancias se reconoce culpable o confiesa sin más su delito. Sobre todo, cuando le consta que el magistrado no dispone de pruebas suficientes como para incriminarlo; pero aun habiéndolas, lo habitual es que todo acusado niege las acusaciones y proclame su inocencia.

A tal punto es fuerte ese instinto de negar responsabilidades, que llega a prevalecer por encima de cualquier otro sentimiento moral o valor ético.

Decimos esto porque el general Gregorio Alvarez, ex presidente de facto y figura notoria y de peso en el equipo cívico-militar que usurpó las funciones de gobierno entre 1973 y 1985, se ha comportado como cualquier «pichi» (para usar el término con que los militares designaban a los civiles) que debe comparecer en un juzgado. Resulta curioso comprobar cuánto más fuerte es ese instinto por sustraerse a la acción de la Justicia que el famoso «pundonor» que suelen reivindicar los militares.

Bueno es recordar con qué firmeza y arrogancia los militares reclaman para sí ese supremo valor moral, y cuántos civiles fueron procesados por «ataque a la fuerza moral de las Fuerzas Armadas», figura delictiva que sirvió de comodín para reprimir expresiones y opiniones que cuestionaban a algún jefe castrense.

Pues bien, ese pundonor que supuestamente debería inducir a los militares vinculados con el terrorismo de Estado a reconocer y confesar sus «actos de servicio» se diluye inmediatamente para dejar paso a conductas de la más pura hipocresía. El general Alvarez se ha comportado como un cobarde; ha tenido una actitud comparable a la de Pinochet simulando demencia senil para escapar a la acción de la Justicia. Dos casos emblemáticos.

Se supone que uno de los componentes más importantes en la escala de valores de un militar que ellos llaman pomposamente pundonor es el coraje. Un coraje que no sólo hay que demostrar en el campo de batalla; un coraje que –teóricamente, al menos– debería regir todos los actos de la vida de un soldado.

Ni Alvarez, ni ninguno de los centuriones que se dedicaron a reprimir a los opositores a la dictadura con brutal ferocidad y cuyas «acciones de guerra» consistieron en torturar a seres humanos indefensos, ninguno de ellos –repetimos– tuvo el coraje de enfrentar la acción de la Justicia. Se abroquelaron, amenazaron, y lograron que políticos complacientes hallaran la «solución legal» para eludir su comparecencia ante los tribunales.

No tuvieron coraje ni vergüenza y se escudaron en una ley inconstitucional que los amparó con su ominoso manto de impunidad. Alentados por la doctrina Sanguinetti que proclamaba la necesidad de no tener ojos en la nuca, fueron más lejos e hicieron de la omertà su única respuesta.

Hoy, citado como testigo por un juez, el general Alvarez parece haber sido presa de amnesia. Lo ignora todo acerca de la represión, de los organismos diseñados al efecto, de la coordinación con los ejércitos del cono sur. Parecería que el ex presidente hubiera pasado esos años de plomo recluido en un monasterio, al margen de todo lo que ocurría.

En definitiva, no hay de qué asombrarse pues esa actitud está en consonancia con la mentalidad y los patrones de comportamiento de unas fuerzas armadas que no vacilaron en violar la Constitución y los derechos humanos en una guerra sucia en la que demostraron su esencial falta de coraje. *