Los embates de la oposición

Como si se tratara de un libreto reiterado pero agotado, la oposición política, huérfana de ideas y de iniciativas, embiste nuevamente contra el ministro del Interior, doctor José Díaz.

Con motivo del conflicto desatado en la empresa Dancotex, las viejas iras adormecidas del nacionalismo afloraron para exigir nada menos que la renuncia del titular de Interior. Resulta curioso comprobar cómo la oposición liderada por el Partido Nacional y su presidente, el senador Larrañaga, parece haber elegido al doctor Díaz como blanco preferido de su artillería. La cosa empezó lanzando voces de alarma por la supuesta «blandura» del ministro y se le reprochó la derogación de dos decretos: el que habilitaba a la Policía a desalojar lugares de trabajo ocupados por los trabajadores y el que permitía la detención de individuos sin causa, más conocido como decreto que habilitaba las razzias.

Luego, con el correr de los meses, el fantasma de la inseguridad fue prolijamente exagerado de modo de culpar al ministro Díaz por la presunta inacción de la Policía o de omisión en sus tareas preventivas y represivas.

Poco después, fue la Ley de Humanización del Sistema Carcelario el blanco de las críticas y se sucedieron los anuncios apocalípticos que jamás se cumplieron.

Sin embargo, de nada valieron las cifras y estadísticas exhibidas por las jerarquías del ministerio, que daban cuenta de una actividad delictiva igual –y en muchos casos menor– a la de años anteriores. Del mismo modo fueron soslayados los índices de reincidencia de los reclusos liberados en aplicación de la Ley de Cárceles, índices que hablan a las claras del acierto de la norma cuestionada.

Pero últimamente fue el «caso Dancotex» lo que reavivó el fuego sagrado opositor contra el ministro Díaz. La actitud de éste refleja sus profundas convicciones humanistas, que lo hacen proclive a descartar las soluciones violentas y a apostar a dirimir los conflictos mediante el diálogo. El doctor Díaz no hizo sino solicitar a la Justicia el aplazamiento, la postergación de la medida de retirar las maquinarias del local de la empresa dispuesta por la jueza Corrales, en aras de agotar los recursos para llegar a una solución de acuerdo entre las partes, patronal y trabajadores. El propio presidente de la Suprema Corte de Justicia explicó con claridad cuál había sido la gestión del ministro y elogió su ponderación.

No obstante, la embestida baguala nacionalista reclama –una vez más– la renuncia del jerarca por una supuesta injerencia en la labor de la magistrada que implicaría una indebida presión sobre el Poder Judicial. De nada valen, otra vez, las aclaraciones, las explicaciones y la transparencia con que actuó el secretario de Estado. Y el Partido Colorado parece haber resuelto aliarse a su rival tradicional para sumarse a la embestida. Se habla de que se viola la independencia del Poder Judicial, que se desconoce el principio de separación de los poderes, que se desdibuja el estado de derecho.

Con esta actitud, colorados y blancos muestran cuál es su criterio: mano dura, rigor e inflexibilidad, aunque ello conlleve un agravamiento del conflicto que todos –y especialmente ese ministerio– debemos evitar.

Han despreciado la capacidad negociadora del doctor Díaz y pretenden confundir a la opinión pública haciendo aparecer ese espíritu negociador y conciliador como una presión sobre los jueces y como una toma de partido a favor de una de las partes en conflicto.

La oposición ha elegido una estrategia que en ocasiones anteriores no ha dado fruto alguno y no hay por qué suponer que ahora los dará. *