La seriedad de una reforma del Estado

Las empresas públicas están actualizando continuamente sus tarifas, en una política que tiene bastante de recaudatoria y que va en ocasiones más allá de sostener sólo equilibrados sus presupuestos.

Este tema nos preocupa porque desde estas páginas siempre hemos defendido la vigencia del actual esquema de propiedad estatal de dichas empresas, apoyando y peleando editorial tras editorial, a favor del voto popular que impidió en el referéndum realizado que Ancap, peligrosamente, comenzara a deslizarse hacia el sector privado.

Sin embargo desde aquellos tiempos a los actuales, cuando ya tiene un buen tiempo de asumido el gobierno popular, el mecanismo de incremento de las tarifas públicas sigue siendo el recurso de esas empresas que, por ese arbitrio, nos hacen pagar a los uruguayos, los combustibles más caros de todo el continente, un ojo de la cara por utilizar el teléfono y tarifas de Internet, sin relación con las que se manejan en los países vecinos y en los del primer mundo.

Ni hablar de la energía de UTE o del agua que provee la OSE. Por supuesto que sabemos de algunos esfuerzos, como los de Ancap, al desprenderse de las estaciones de servicio en la Argentina, un verdadero cáncer que, obviamente, estábamos pagando todos, en cuotapartes, en los precios de los combustibles.

Si bien en el sector privado hemos recuperado algo de nuestro poder de compra por la puesta en vigencia de los Consejos de Salarios, otros compatriotas en el sector público se mantienen dentro de márgenes de absoluta orfandad. Hablamos, por supuesto, de algunos sectores, especialmente de la administración central, de Salud Pública, de la Enseñanza, de policías y militares, que no han visto recompuestos sus ingresos y siguen sorteando a duras penas una situación de crisis que para ellos sigue vigente.

A nuestra mesa de trabajo nos llegan además algunas informaciones de las propias empresas públicas que dan cuenta de la existencia de situaciones de privilegio. Funcionarios con nivel de gerentes, que en algunas de ellas suman cientos, cobran como si trabajaran para empresas de países altamente desarrollados, sueldos y compensaciones que poco tienen que ver con la realidad cotidiana de la mayoría de los uruguayos.

Ni hablar si la comparación es con jubilados y pensionistas – cuyas remuneraciones fueron recortadas por resoluciones del gobierno de la dictadura – y todavía a nadie se le ha ocurrido que eso es una afrenta para la sociedad toda y que nuestros viejos no merecen seguir en esa situación, muchos de ellos en el más abierto subconsumo.

Muchas veces se habló de una reforma del Estado seria, que ahora el gobierno prometió encarar, que tenga en cuenta las absurdas disparidades salariales existentes y el despilfarro que significa la existencia de algunos privilegios inaceptables.

No nos negamos a que el Estado o una empresa pública, para una acción puntual, pueda contratar a un técnico del más alto nivel, en base a valores internacionales. De otra manera no sería posible concretar algunas tareas. Pero lo que no es adecuado, como política general, es mantener una situación salarial de privilegio que es posible por la existencia de tarifas públicas como las que pagamos los uruguayos, que están entre las más onerosas del continente.

La reforma del Estado se impone. Pero para dibujar el futuro de las empresas públicas debemos medir nuestra humildad y entender cuál es nuestra realidad.

Los funcionarios públicos sumergidos y los jubilados y pensionistas lo están esperando porque, además, se lo merecen.

Y la eficiencia del país, también. *