Una reparación con hijos y entenados

Se está discutiendo a nivel parlamentario la aprobación de una norma legal que «repararía» en parte a quienes, trabajadores de la actividad privada, por distintas razones vivieron penas de cárcel, fueron perseguidos por la dictadura o sufrieron el espanto del exilio impuesto.

Desde las poltronas del Ministerio de Economía, del de Trabajo y Seguridad Social, desde los despachos del Parlamento, se siguen barajando fórmulas para una «reparación» que, evidentemente, de acuerdo con los nuevos enunciados que se hacen, implica la puesta en marcha de una discriminación insólita, separando en sectores distintos a quienes estuvieron presos, a los ciudadanos que se exiliaron (recordemos que para los romanos la pena del exilio era la más grave, superior a la de muerte), y los perseguidos, grupos en que ingresan distintas categorías de víctimas de la dictadura.

El tema está tomando una gravedad inusitada, porque –seguramente por manejos interesados y por presiones inusitadas– algunos grupos, en una actitud casi de «tinte revanchista», han tratado de sacar ventajas de una situación difícil, en la que al parecer habrá hijos y entenados.

Para esos grupos la situación de preso político reviste un carácter casi heroico, haciéndose análisis y más análisis sobre lo que significó vivir en las mazmorras del régimen militar, habiendo en muchos casos pasado por la tortura, tratamiento atroz que aplicaban quienes usaban ese método, sumado al secuestro y el asesinato, para defender –era lo que decían– los valores democráticos republicanos, que ellos mismos habían pisoteado con un tenebroso golpe de Estado.

Esa reparación es evidentemente justa, quienes sufrieron esa situación y por tantos años han sido postergados, deben recibir del Estado, que fue el actor principal de sus desdichas, una compensación que les permita vivir con dignidad los últimos años de sus vidas.

Pero, ¿por qué diferenciarlos de los exiliados? De quienes militando muchas veces en la clandestinidad pudieron ir construyendo la red solidaria que terminó quebrando el espinazo del régimen militar, de quienes –por razones diversas — debieron escapar del país, incluso porque aquí los perseguían, torturaban y/o asesinaban. ¿Quieren algunos ejemplos? Algunos tuvieron la fortuna de poder escapar, pero otros –y eso lo tenemos claro– tuvieron, quizás, la suerte de ser detenidos y estar presos.

¿Cómo hacemos para medir la acción de unos y otros, el destino atroz que le cupo a unos y a otros? De acuerdo con los ideólogos de la norma en danza, Gerardo Gatti, León Duarte, Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, etc., no podrían tener una compensación, porque la norma así no lo establecería, se trata de ciudadanos que debieron irse para que no los encarcelaran o mataran. Tampoco Wilson Ferreira Aldunate, que jugó un papel fundamental por la democratización del país y menos –por dar un nombre de un mártir a que se menciona en los últimos tiempos– Washington Barrios, ni tampoco ninguna de las víctimas del campo de concentración de Orletti, muchas de ellas todavía desaparecidas, las que no fueron encarceladas en el Uruguay pero   algunas de ellas   fueron los pasajeros de los «vuelos de la muerte».

Podríamos seguir dando cientos de ejemplos para cuestionar los argumentos de quienes ponen como paradigmas de martirologio a quienes estuvieron presos, y en un segundo plano a los que debieron irse del país por ser aquí perseguidos por su militancia antidictatorial. Y ni hablar de los perseguidos políticos, de quienes actuaban en la clandestinidad a favor de la reconstrucción democrática. ¿Se necesitan ejemplos? ¿Cuántos? ¿Uno, decenas o centenares?

Ahora la norma de reparación se sigue discutiendo, existiendo en la misma categoría de hijos y entenados, como si unos hubieran vivido una situación de persecución distinta a la de los otros, creando una injusta discriminación entre ciudadanos que tienen como denominador común haber luchado en contra la dictadura y por la reparación democrática, en una división de ciudadanos que no le hace bien al movimiento popular y menos aun a quienes ahora se callan la boca y nada dicen ante la posibilidad de que se consagre otra afrenta en contra quienes vivieron años muy difíciles antes y durante la dictadura.

¿Esta supuesta «reparación» con exclusiones, como la que se planea, no se convertirá en una nueva injusticia? *