Cooperativismo y economía social

Representante Nacional Frente Amplio – P. Socialita

«El Uruguay productivo no es sólo el de los grandes emprendimientos. Es también y fundamentalmente, un proyecto que ha de integrar las pequeñas y medianas empresas y al movimiento cooperativo«.

Así se expresaba, el 23 de agosto de 2004, el entonces candidato, hoy Presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, con motivo de la presentación pública del programa hacia las elecciones de ese año.

Por otra parte, dicha manifestación, así como toda la formulación programática, fue totalmente coherente con las resoluciones del congreso del Frente Amplio «Héctor Rodríguez» de 2003.

ENTRE DICHAS RESOLUCIONES IMPORTA RECORDAR LA SIGUIENTE:

«Avance hacia un país productivo y solidario, con distribución de la riqueza, mecanismos de inclusión y participación social. El gobierno del EP-FA promoverá que el proceso de agregación de valor se realice con una simultánea distribución equitativa del ingreso generado.

En este marco, respetaremos y promoveremos las formas participativas de organización de los ciudadanos, en especial la sindicalización y las diversas formas asociativas que apunten a dichos fines, como el cooperativismo y en tal sentido, consideraremos especialmente el factor integrador de las pequeñas empresas y las expresiones de organización de la sociedad civil» (subrayados nuestros).

Por nuestra parte, como socialistas, estamos profundamente convencidos de que uno de los caminos para las transformaciones profundas que requiere nuestra sociedad es la consolidación y expansión de la denominada economía social y solidaria, es decir, de todo emprendimiento económico para la producción de bienes o servicios que involucre a un colectivo y cuyo objetivo excluyente no sea el lucro.

Precisamente, se trata de reconocer, redimensionar e impulsar estos emprendimientos en el marco del funcionamiento global de la economía.

Entonces, la economía social y solidaria, sin fines de lucro y en su diversidad de expresiones, supone un propósito económico y otro no menos importante, el cultural, no para sustituir la actividad empresarial privada o pública estatal, sino para promover otra forma sustancialmente diferente en su naturaleza y en sus propósitos.

A partir de la asunción de nuestro gobierno se comenzaron a dar pasos firmes en el sentido marcado por los compromisos programáticos.

Se instala la Comisión Honoraria del Cooperativismo, asesora del Presidente de la República, se ingresa a nivel parlamentario en la consideración del proyecto de ley general del cooperativismo y, sobre la marcha, se aprueba y luego se promulga la actual que alienta y regula la instalación de cooperativas sociales impulsada desde el Ministerio de Desarrollo Social.

Dicho lo anterior, parece ocioso plantearse como interrogante o duda, si ese proceso de impulso al cooperativismo y las entidades de la economía social debe continuar, con nuevas ideas e iniciativas.

Es por esto que, dicho con el mayor respecto y asombro, nos encontramos ante serios escollos contenidos en la propuesta de reforma tributaria.

Creo que el sentido común indica que resulta imposible asimilar la compatibilidad entre el impulso y el obstáculo y creo, además, que todos sabemos cuál es la forma de resolver esta contradicción.

Por lo tanto, somos optimistas en cuanto a que prevalezca la racionalidad política, sin dejar de tener en cuenta, un hecho por demás elocuente: todas las organizaciones sociales involucradas han manifestado explícitamente su rechazo a los obstáculos aludidos.

La cosa no da para pensar mucho, ¿verdad? *