Hacia el país productivo

Mucho se habla recientemente del «país productivo». Uno de los puntos que integran la plataforma del próximo paro general decretado por la Central Obrera refiere precisamente a un reclamo en el sentido de exhortar al gobierno a encaminar definitivamente al país por ese sendero.

No obstante, la expresión «país productivo» no es nueva. Fue acuñada por las fuerzas progresistas como réplica y como alternativa al modelo de país impulsado por la oligarquía financiera, puesto en marcha por la dictadura cívico-militar y mantenido como ideal de desarrollo por los gobiernos que sucedieron al régimen de facto. El discurso de la derecha vernácula se centraba en la idea de que el destino natural del Uruguay era convertirse en un país de servicios, una plaza financiera y un paraíso fiscal; en definitiva, una republiqueta bananera.

Con esa premisa, se abrieron los mercados de manera indiscriminada y se decretaron exoneraciones impositivas tentadoras para la llegada de «capitales golondrina». Ello condujo inevitablemente a lo que se dio en llamar el «desmantelamiento del aparato productivo», del cual son mudos pero elocuentísimos testimonios las instalaciones fabriles desafectadas, abandonadas, ruinosas, símbolos de un pasado no muy lejano de un país que apostaba al desarrollo de su sector secundario.

El modelo, caro a la derecha, conducía al país de manera ineluctable a mantenerse como exportador de materias primas y lo condenaba a vegetar en el subdesarrollo.

Contra esta concepción, la izquierda –y los sectores progresistas de los partidos tradicionales– levantaron la bandera del país productivo. Y recientemente, el gobierno anunció su propósito de impulsar las medidas pertinentes para lograr ese objetivo. Desde algunos sectores de la izquierda, se urge al gobierno a adoptar ya las medidas e imponer los cambios anunciados. No obstante, por más legítimo que sea el reclamo, es preciso tener en cuenta que todo proceso de cambios es necesariamente lento; ningún gobierno está en condiciones de cambiar un modo de producción y de desarrollo de la noche a la mañana. Es preciso ir dando pasos seguros que vayan encaminando al país por esa senda, pero es condición de primer orden no actuar con apresuramientos pues ello aumenta el riesgo de cometer errores que pueden resultar demasiado caros.

Por otra parte, ya se han puesto en marcha experiencias harto valiosas que apuntan a recuperar y volver a hacer funcionar fábricas. El caso de Funsa es, en ese sentido, emblemático, pero no es el único. Otras experiencias van desarrollándose en diversos lugares y demuestran que es posible tener éxito en la apuesta a un modelo productivo. Bajo las más diversas formas (cogestión, cooperativas, economía mixta, etcétera), algunos emprendimientos empiezan a aflorar, creando fuentes laborales y redoblando la esperanza de la gente.

Este rumbo es la apuesta más fuerte del gobierno progresista. Junto con las reformas a estudio, constituye la clave para crecer con justicia social. La reforma educativa, que se halla en una primera etapa de debate, la reforma tributaria y cuyo análisis ha desatado una fuerte polémica, el sistema nacional de salud –a implementarse próximamente– y el impulso al «país productivo» son los pilares sobre los que se asienta el proyecto gubernamental.

Junto con una política laboral diseñada desde el MTSS que ha revitalizado al movimiento sindical y tiende a redignificar al asalariado, el país puede empezar a transitar la senda adecuada. *

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