Debate nacional sobre defensa y rol de las fuerzas armadas

El complejo proceso de transición que vive el país tiene como una de sus características más salientes la expresa voluntad del gobierno de procesar debate a escala nacional en los que todas las opiniones sean analizadas.

Es así que dan los primeros pasos en lo que se ha llamado el debate educativo, un capítulo esencial dada la naturaleza compleja y polémica de las ideas que afloraron en el país en los últimos años; debate educativo como paso previo a un proceso de reconstrucción de la enseñanza pública en el país. Algo similar se podría decir acerca de los intercambios que viene mereciendo el desarrollo de nuevas propuestas en materia de salud.

Desde hace algunas semanas en distintas instancias de intercambio público el gobierno ha convocado para que, desde todas las agrupaciones políticas, se hagan públicas opiniones y propuestas en el terreno de la defensa nacional y del rol de las Fuerzas Armadas.

Sobre estos temas, durante decenios lo que prevaleció fue, justamente, la falta de debate abierto. Las cuestiones militares parecían estar confinadas exclusivamente a los especialistas que, en su enorme mayoría, son precisamente hombres de profesión militar.

La falta de explicitación de otros puntos de vista fue un rasgo que obstaculizó cualquier proceso de toma de conciencia nacional sobre tan compleja y decisiva función estatal. Quedó como un tema confinado a pequeños grupos de expertos y muchas veces al interior de los establecimientos militares, sus aulas y sus publicaciones.

Esa restricción en cuanto a las esferas de análisis universal y democrático de las cuestiones de la defensa nacional no parece ser la propuesta del actual gobierno. Justamente la convocatoria a nuevas instancia de discusión con la sociedad, a través de las llamadas Mesas Temáticas de Debate, está indicando la prevalencia de un criterio más moderno, avanzado y democrático.

De acuerdo con los criterios doctrinarios sustentados por el gobierno, «las políticas de defensa nacional se refieren a aquellas medidas y acciones destinadas a enfrentar eventuales amenazas y/o situaciones de riesgo potenciales o reales y/o a reducir vulnerabilidades del país e integran al conjunto de actividades -civiles y militares- dirigidas a preservar la soberanía y la independencia de nuestro país, a garantizar la integridad de nuestro territorio y sus recursos naturales estratégicos, a asegurar la paz de la República en el marco de la Constitución y la ley, todo ello con el fin de generar las condiciones para alcanzar los objetivos de bienestar social presente y futuro de la población».

En función de esos criterios, bien válidos por cierto, en tanto la defensa de la soberanía y de las fronteras de la nación interesa a todos los ciudadanos, toda la sociedad está convocada, a través de sus organizaciones sociales, políticas, académicas, a participar en la elaboración de un pensamiento madre, de unas líneas de reflexión desde las cuales elaborar las normas que darán cauce y sostén a la organización de los factores materiales y técnicos de la defensa nacional.

Normas referidas a la Defensa Nacional, a la Ley Orgánica Militar y, posteriormente, a las decisiones en materia presupuestal que hagan viables los nuevos conceptos impulsados por el gobierno progresista.

Avanzar en la transparencia y en el carácter público de las concepciones que dan fundamento luego a las decisiones específicas en este terreno tan delicado es un logro democrático e institucional de gran importancia. *