Nuevos avances hacia la justicia

En nuestro país tienden a consolidarse cambios de una enorme repercusión ética y social: el Poder Judicial afirma y desarrolla su independencia, los magistrados actúan, las causas se mueven y los que durante muchos decenios aparecían como intocables están siendo alcanzados por el brazo de la ley.

Obra humana, la labor de los magistrados forma parte de un movimiento institucional que incluye aciertos y errores, actitudes valientes y conductas criticables, pero el rumbo de los acontecimientos tuvo un giro brusco hacia el respeto de las normas legales, la igualdad de los ciudadanos ante la ley y la independencia del sistema judicial de la gravitación del poder político. El cambio es sustantivo y sus consecuencias positivas indudables. Mucha gente, durante mucho tiempo, luchó por que las cosas tomaran estos rumbos.

Aunque no pertenecen orgánicamente al Poder Judicial, los fiscales, representantes del ministerio público, constituyen factores esenciales de gravitación en el proceso judicial, de ahí la importancia de su actuación en instancias como las que hoy atraviesa el país cuando comienzan a ingresar a los juzgados los primeros expedientes que acusan a los violadores de los derechos humanos durante la dictadura.

Instancia decisiva se produjo cuando, de acuerdo a la información de LA REPUBLICA, la fiscal de 5 º turno, Dra. Ana María Tellechea, remitió el domingo al magistrado su dictamen, en el que se expidió en forma favorable al pedido de extradición del juez federal argentino Guillermo Montenegro que investiga el crimen de la ciudadana de ese país María Claudia García de Gelman.

En el escrito, la fiscal entendió que la solicitud cumple con los requisitos contenidos en el Tratado de Extradición, suscrito entre ambos países, vigente desde 1996 y, por tanto procede hacer lugar a la entrega.

En el voluminoso expediente la Justicia argentina demandó la extradición de los militares retirados José Nino Gavazzo, Jorge Silveira, Gilberto Vázquez, Ernesto Rama, del ex militar José Arab, y del ex granadero Ricardo Medina. Casi todos sirvieron en el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y/o en el Servicio de Información de Defensa (SID) y están acusados de haber participado en el secuestro y asesinato de la joven ocurrido en nuestro país en 1976.

Tras la decisión de la fiscal, el juez Fernández Lecchini dispone ahora de un plazo de 45 días para expedirse sobre el tema y el fallo puede ser apelado por la defensa de los imputados.

El pedido de extradición hace un mes que llegó a nuestro país y desde entonces todos los acusados de haber violado los Derechos Humanos durante la última dictadura militar, en donde también se les imputa asociación ilícita y privación ilegal de libertad, están detenidos en unidades militares y en Cárcel Central.

Las causas han tenido una larga permanencia en sede judicial argentina y constan de un gran número de testimonios y actuaciones que se inician en los años ochenta, cuando desde Argentina se libró un pedido de extradición que el gobierno de Sanguinetti retuvo durante años. Con el advenimiento de Carlos Menem, desde el Poder Ejecutivo se proclamó un indulto que impidió durante años las actuaciones contra los operadores uruguayos que actuaron en Argentina durante la dictadura.

Los cambios de gobierno, tanto de uno como del otro lado del Río de la Plata, y la anulación del indulto por parte del presidente Kirchner, fueron echando las bases para avanzar en la investigación de los crímenes cometidos bajo el imperio del Plan Cóndor.

La decisión de la fiscal se viene a añadir a las del Poder Ejecutivo presidido por el Dr. Tabaré Vázquez, que ha colocado fuera del amparo de la Ley de Caducidad a una buena parte de las causas motivadas por los secuestros y homicidios en Argentina. *