Para que resplandezcan la verdad y la justicia

Con la asunción del actual gobierno en marzo del año pasado, las tímidas brechas que se habían abierto en la muralla ominosa de la impunidad sufrieron un proceso acelerado de profundización y ensanche. Se ampliaron las tenues rendijas y se abrieron nuevas que permitirán el paso luminoso de la verdad y de la Justicia.

Hay que reconocer que fue durante el gobierno del doctor Jorge Batlle que se produjeron hechos inéditos hasta entonces y que lo diferenciaron notoriamente de sus antecesores –Sanguinetti y Lacalle– caracterizados precisamente por su obstinada postura a favor de la impunidad, del silencio y del olvido. Bajo la administración del doctor Batlle se dio un primer paso de enorme trascendencia en el camino hacia la verdad. La Comisión para la Paz, si bien su gestión no colmó las expectativas de la sociedad, permitió avanzar en el terreno escabroso de la verdad sobre los horrores del terrorismo de estado. Por primera vez desde el gobierno nacional se reconocía oficialmente la existencia de crímenes abyectos y se realizaron gestiones para saber cómo, dónde y cuándo se habían perpetrado tales delitos de lesa humanidad. Por diversas razones, el trabajo de la Comisión dio frutos escasos pero su instalación significó un cambio de rumbo de innegable trascendencia.

Bueno es recordar, también, que bajo el gobierno del doctor Batlle tuvo lugar el procesamiento del doctor Juan Carlos Blanco, canciller de la dictadura y figura emblemática del proceso cívico-militar. Fue la primera vez que un juez pudo decidir con absoluta independencia quién está amparado por la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado y quién no lo está. El caso del ex canciller Blanco, procesado por su responsabilidad en el secuestro y desaparición de la maestra Elena Quinteros, no deja lugar a dudas respecto de los alcances de la impunidad, de la que están excluidos –casi a texto expreso– los civiles colaboracionistas. Recuérdese que los gobiernos anteriores habían sostenido –contra el espíritu y la letra de la Ley– que Blanco y los civiles cómplices del horror por sus responsabilidades de gobierno bajo el régimen de facto se hallaban protegidos por la norma.

El gobierno electo en octubre de 2004, sin apartarse ni un milímetro de las disposiciones legales vigentes, sin violentar ni un ápice el ordenamiento jurídico, fue claro al anunciar su propósito de avanzar en el camino hacia la verdad y la justicia. Mediante el sencillo expediente de cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley de Caducidad, se han dado pasos de enorme trascendencia hacia el logro de esos dos objetivos.

Poco a poco, la verdad va aflorando, se van conociendo nuevos detalles de hechos ya conocidos al tiempo que aparecen hechos nuevos. Asimismo, por primera vez en veinte años algunos militares y ex militares –señalados como culpables de delitos de lesa humanidad por una abrumadora cantidad de testigos y de víctimas– empiezan a desfilar ante los magistrados, indagados por su participación en crímenes no comprendidos en la impunidad.

Más allá de la pertinencia de anular, derogar u otra vía idónea para dejar sin efecto la Ley de Caducidad, la verdad y la justicia se abren paso. Es precisamente lo que trataron de impedir –y lo lograron durante un buen tiempo– los gobiernos democráticos desde 1985 en adelante, mediante interpretaciones torcidas de la propia Ley.

Hoy, las cosas ya no son como antes. La administración actual está borrando veinte años de compromisos y complicidad con los terroristas de estado. Está barriendo el oprobio de una impunidad que nos llenó de vergüenza y que empaña trágicamente la luminosidad de la vigencia del estado de derecho. *