Revelaciones que importan para los desafíos de hoy

El extraordinario trabajo periodístico de Roger Rodríguez, cuya primera entrega se publicó en la edición de ayer de LA REPUBLICA, está llamado a tener importantes repercusiones.

Se trata, efectivamente, de la descripción detallada y precisa de una serie de circunstancias que tienen que ver con el delito de la desaparición forzada del que fue víctima un número importante de ciudadanos uruguayos hace, en estos días, precisamente treinta años.

La investigación periodística apunta a uno de los puntos clave de anudamiento de la problemática de la impunidad: al demostrar que los acusados de secuestros y homicidios en Orletti incurrieron en delitos económicos de los que resultaron patrimonialmente favorecidos. El testimonio deja sin protección jurídica a los integrantes de los grupos de tareas que actuaron en Argentina hace una treintena de años.

Como es sabido, en nuestro país existe más de una opinión acerca de la conveniencia nacional de anular o no la Ley de Caducidad. Otro cuadro de situación es el que aflora con la situación de impunidad de la que se han visto favorecidos los que no están amparados en la polémica norma.

Desde el punto de vista de su contribución al conocimiento de los hechos, las notas del periodista Roger Rodríguez, una vez más, aparecen con el respaldo de un buen número de testigos, sobrevivientes de Orletti, que han formulado diversas alegaciones ante sede judicial tanto en Uruguay como en Argentina.

Una larga lista de testigos recorrió juzgados y redacciones de periódicos proclamando ante quien lo quisiera oír lo que habían visto y oído en Automotores Orletti. Sobre esos testimonios hay varios libros y varias películas, incluso una muy reciente dirigida por un cineasta uruguayo que trabaja con éxito en Argentina.

¿Por qué no se procedió a actuar contra los responsables de estos crímenes?

La Justicia, hasta ahora, no había actuado porque la conducción política del país, en manos de presidentes colorados y blancos, consideró que aquellos delitos y estos delincuentes estaban amparados por la ley.

Sucede que, para bien del país, el Poder Ejecutivo ya no está en manos de los defensores de la impunidad. Está en manos de una fuerza política que representa otro sentir acerca de la impunidad, otra concepción acerca del rol del Poder Judicial y otra visión de conjunto acerca de las condiciones en que debe desenvolverse la vida democrática de una nación.

En función de esos criterios, el actual Poder Ejecutivo ha expresado con claridad su decisión de considerar que varios de los casos de desapariciones forzadas originados en la represión llevada adelante por José Gavazzo, Manuel Cordero, Jorge Silveira y demás oficiales de la OCOA destacados en Buenos Aires a mediados de los años setenta, no están comprendidos en la Ley de Caducidad. No los ampara el «paraguas protector» construido por el sanguinettismo y sus socios del Partido Nacional.

La naturaleza de los episodios represivos despiadados y de porte mafioso, descritos con austera elocuencia por el periodista, muestra las aristas menos conocidas de la represión, tal como esta se fue tejiendo en ambas márgenes del Río de la Plata.

Una segunda nota se publica con esta edición y una tercera y última saldrá junto con la edición del sábado de LA REPUBLICA. Después, el asunto estará en manos de la opinión pública democrática del país. Y de un Poder Judicial que tiende a recuperar el espacio que la Constitución le asigna y que los gobiernos anteriores impidieron que ocupara. *